Georgia, Ohio, Mississippi o Louisiana pasaron leyes que lo prohíben partir de la sexta semana; en la mayoría se permite hasta poco más del cuarto mes
NORTEAMÉRICA.- En 1973, dos casos marcaron momentos históricos para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. En ese año, Doe vs Bolton y Roe vs Wade presentaron en la Suprema Corte de Justicia en Washington, argumentos contra las leyes sobre el aborto en dos estados: Georgia y Texas, respectivamente.
Los casos se referían a los motivos para obtener la interrupción del embarazo. A partir de la sentencia emitida en ambos acontecimientos, el aborto en Estados Unidos se volvió legal en todos los estados, mientras que el término máximo para abortar fue determinado a nivel local.
La interrupción del embarazo es un derecho de todas las mujeres, según expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas. En septiembre de 2017, estos especialistas emitieron un comunicado a través de la Oficina del Alto Comisionado el cual instaba a los Estados a que “garanticen que sus leyes, políticas y prácticas se basen en sus obligaciones en materia de derechos humanos y en el reconocimiento de la dignidad y la autonomía de las mujeres”.
De acuerdo con el Instituto Guttmacher —dedicado a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos—, 18 estados prohíben el aborto si el feto llega a “viabilidad fetal”, es decir, si sobrevive fuera del útero de la madre; por lo regular suele suceder entre las 24 y 28 semanas de embarazo.
Dos estados permiten el aborto hasta las 20 semanas contabilizadas después de la última menstruación; 17 estados, a las 22 semanas; cinco estados, a las 24 semanas y Virginia, a las 25 semanas. En la mayoría de las entidades se hace la excepción cuando la salud de la madre esté en peligro o cuando se dé violación o malformaciones en el feto.
En el transcurso del 2019 se ha registrado un incremento en propuestas de ley para la prohibición del aborto, la disminución del plazo máximo para abortar y la regulación de cobertura médica para abortos y anticonceptivos.
Estados como Georgia, Ohio, Mississippi o Louisiana han pasado leyes que prohíben el aborto a partir de que se pueda detectar el latido del corazón, lo cual puede suceder a partir de la sexta semana de gestación.
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Dado que muchas mujeres no detectan su embarazo en esta etapa, la legislación casi anula su posibilidad de abortar. El estado de Alabama pasó recientemente una ley que penaliza el aborto en cualquier momento de la gestación, lo cual calificó como homicidio.
Otros estados como Missouri, North Dakota y Nevada también buscan restringir el acceso al aborto por medio de la abolición de ciertos procedimientos y disminución del tiempo para abortar.
La respuesta de la derecha norteamericana
Actualmente, la oferta de seguros médicos en Estados Unidos debe cubrir métodos anticonceptivos tales como: métodos de barrera, hormonales, dispositivo intrauterino (DIU), métodos de emergencia, procedimientos de esterilización y asesoría sobre los métodos.
De acuerdo con la página oficial de Medicare y Medicaid —los programas de seguro médico de iniciativa gubernamental— esta reglamentación tiene una excepción: si la cobertura médica es pagada por ciertos empleadores religiosos, no están obligados a cubrir métodos anticonceptivos.
Esta forma parte de una serie de excepciones hechas con base en creencias religiosas y morales. Una reforma implementada en la administración actual, que entrará en vigor el 22 de julio de este año, establece que organizaciones e individuos no están obligados a proveer el servicio o la cobertura en el seguro médico para procedimientos que vayan en contra de estas creencias. Entre ellos se encuentran la esterilización, el aborto y el suicidio asistido.
Organizaciones como Pro-Life Action League —con sede en Chicago, Illinois—, han mantenido una postura en contra del aborto, organizando protestas y mítines.
Ann Scheidler, vicepresidenta de dicha organización, comentó para Norteamérica que “la liga no está afiliada a ninguna entidad religiosa… El compromiso de nuestra organización con la vida se basa en nuestra fe en dios y el respeto hacia su creación”.
El estado de Illinois pasó el Senate Bill 25, el cual legaliza la interrupción del embarazo hasta que el feto tenga viabilidad; además, regula el financiamiento de abortos y anticonceptivos dentro de la cobertura médica.
La propuesta espera la firma del Gobernador J. B. Pritzker, quien dijo a medios locales que apoya esta ley. En respuesta a la regulación del aborto, Scheidler comentó:
“Estados Unidos se está dividiendo más sobre temas de aborto, ya que varios estados están aprobando leyes que reconocen el valor de la vida y severamente limitan el acceso al aborto y otros estados, como Illinois, intentan consagrar al aborto en el tejido del estado.
En algún punto, la Suprema Corte de Estados Unidos tendrá que enfrentar las consecuencias de Roe vs Wade. Anticipamos que la ínfima sentencia del caso de 1973 será anulada y todos los estados tendrán que decidir si están a favor o en contra de la vida. Esperamos y rezamos que la mayoría de los estados decidan por la vida”, señaló.
#28M: Los pañuelos verdes en el continente americano
Mientras entidades de Estados Unidos proponen leyes que obstaculizan el aborto y el acceso a anticonceptivos, la premisa de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir” suena por el resto del continente: América Latina se pinta de verde.
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A través de redes sociales, se convocó con el hashtag #28M a marchar en solidaridad con el proyecto de ley a favor del aborto que se presentó en Argentina el pasado 28 de mayo. Hubo manifestaciones de apoyo desde Francia, México, Costa Rica, Uruguay, Chile, Perú, entre otros.
En el país sudamericano se busca legalizar la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, con un plazo mayor para casos de violación y cuando la salud de la madre esté en riesgo.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó el proyecto de ley por octava vez ante el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Bajo ley actual, la práctica que resultara en el aborto es punible con uno a cuatro años de prisión para la mujer.