Cada dos días amenazan de muerte o agreden a dos periodistas en México. Y la preocupación de la organización Artíulo 19, especializada en la defesa al derecho a la libertad de expresión, es que los maten. Porque a cada uno de los comunicadores asesinados en los últimos tiempos, les pusieron un ultimátum.
Después la bala. La tortura, la desaparición.
El caso más reciente ocurrió en contra de Jacinto Romero Flores, locutor de Ori Stereo muerto a balazos el pasado 19 de agosto de 2021, en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Fue la sexta víctima del año, en un posible vínculo con su labor.
Cinco meses antes, en marzo, Romero Flores reportó amenazas vía whatsapp, a raíz de sus publicaciones sobre abusos de autoridad por elementos de la policía municipal de Texhuacan. Romero Flores solicitó apoyo a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas para que aplicaran los mecanismos de protección necesarios para salvaguardar su seguridad, pero hasta la fecha se desconoce si se le otorgó protección.
Durante el primer semestre de 2021, se registraron 362 agresiones contra gente de la prensa mexicana, lo que equivale a uno cada 12 horas, según el informe del primer semestre de 2021 de ARTICLE 19 sobre la libertad de expresión en el país.
La organización internacional que se caracteriza por su agudeza en la documentación con cada uno de los casos desde hace décadas, también ha sido blanco de descalificaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que la acusa de ser financiada por el “Departamento de Estado” nortemericano, a pesar de que en sexenios anteriores usaba sus datos para criticar a sus antecesores.
La violencia que documenta Artículo 19 no denuncia específicamente al gobierno federal. De hecho, detalla que las agresiones contra la prensa son “generalizadas en el país”, y en prácticamente todos los estados se documentaron ataques contra periodistas y medios.
A pesar de que la violencia relacionada al crimen organizado se encuentra lejos de la centralización, la organización detalla que los principales blancos de intimidaciones , hostigamientos, amenzazs de muerte, agresiones físicas y desplazamientos se encuentran en la Ciudad de México con 64 agresiones.
Le siguen Tamaulipas y Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, con 22; Guerrero, con 21 y Baja California, con 19.
En el primer semestre del año, tres periodistas fueron asesinados en posible vínculo con su labor. Benjamín Morales Hernández, asesinado el 3 de mayo (Día Mundial de la Libertad de Prensa) en Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, a quien le arrebataron la vida el 17 de junio en Oaxaca y el comunicador Saúl Tijerina Rentería asesinado el 22 de junio en Coahuila.
A la fecha también se suman los asesinatos de Ricardo López Dominguez, ocurrido el 22 de julio, en Guaymas, Sonora y el de Jacinto Romero Flores, perpetrado el 19 de agosto en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Con ello, son 22 periodistas los que han sido asesinados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los agentes del Estado son quienes más agreden a la prensa, según el informe. En este periodo, se cometieron 134 agresiones, esto es el 37.33% del total.
En particular, las personas funcionarias públicas civiles fueron señaladas como perpetradoras de 83, seguidas de elementos de las fuerzas de seguridad civiles con 46, y de elementos de fuerzas armadas (como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional) con 5.
Destaca en el primer semestre la coyuntura electoral como la principal cobertura de riesgo, pues integrantes de partidos políticos atacaron a la prensa en 56 ocasiones.
“Por su labor, para los agresores la prensa se vuelve en un objetivo a silenciar y censurar en elecciones, por el costo político que pudiera implicar para quienes compiten por un cargo público”, advirtió.
Diversidad de agresiones
En el perfil de las amenazas, destaca el crecimiento sostenido de las ataques por internet, pues en este espacio ocurren una de cada tres. Desde campañas de desprestigio y comunicaciones intimidatorias, hasta ataques cibernéticos e intentos de acceso a sus cuentas.
“Periodistas y medios viven un constante embate de amedrentamiento ante el cual las autoridades siguen sin tener preparación o respuesta”, advirtió.
“Nos encontramos con un Estado ausente que no brinda las garantías necesarias ni para la prevención ni para la protección del gremio periodístico”.
En 2020, la tasa de impunidad en delitos contra la libre expresión se ubicó en 98%.
Por otro lado, las agresiones contra las mujeres periodistas siguen incrementándose. Artículo 19 documentó 120 en el primer semestre. De éstas, al menos 35 tuvieron un componente de género o connotación sexual (28.6%).
Leopoldo Maldonado, director regional del grupo, destaca que otra forma de agresión a la prensa es la distorsión y esto se da, por mucho en el ámbito federal. “Las acciones oficiales muestran peligrosas tendencias a viejas prácticas con la nueva administración federal”, advierte.
Entre éstas, la centralización de la información del presidente en su figura al pontifica, juzga, moralizar, estigmatizar, informar y desinformar en la conferencia de prensa matutina.
Se observa, por ejemplo, que no enfrenta sus errores y cita “otros datos” que paracen no existir en los acervos documentados de sus dependencias. El presidente minimiza y estigmatiza o criminaliza la violencia y al pedir información que sustenten con datos, éstos no existen o se deniegan.
El control económico, también se encuentra en la ausencia de criterios claros para asignar la información oficial como “mecanismo claro de censura indirecta y concentración de publicidad en los mismos medios”, dijo Maldonado con énfasis en un dato: el 54% del presupuesto se ejerció entre 10 medios de comunicación y el resto entre 387.
En estados y municipios
Contrario a la creencia generalizada de que las agresiones contra periodistas provienen del crimen organizado, el recuento de Artículo 19 detalla que quienes la perpetran son principalmente funcionarios públicos: alrededor de una de cada cuatro. De éstos, la mayoría son municipales, seguidos por estatales y en menor medida federales.
En Sinaloa, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio condenó los ataques a la libertad de prensa que se han registrado por parte de los alcaldes de Culiacán, Mazatlán y Ahome, por ejemplo. “Nos están hostigando, intimidando y hasta amenazando a reporteros que sólo cumplen con su función responsable de llevar la información oportuna a la sociedad”.