Familiares de Mariano Abarca, quien opuso resistencia contra una minera canadiense en Chiapas, apelarán el fallo luego de que un tribunal de Ottawa desestimara investigar la actuación del personal diplomático
Mariano Abarca, un activista mexicano que durante años encabezó la resistencia contra las actividades de la minera canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas fue asesinado a tiros en noviembre de 2009. Tras el crimen, Luis Antonio Flores Villatoro y Ciro Pérez Roblero —quienes laboraban en la empresa— fueron detenidos, pero poco después salieron en libertad.
La familia de Abarca y organizaciones de México y Canadá han criticado la actuación de la embajada canadiense en el caso. A mediados de julio, un tribunal de Ottawa desestimó el documento que presentaron, desde mayo de 2018, para pedir una investigación sobre la forma en que actuó el personal diplomático.
El juez Keith Boswell hizo público su veredicto en el que respalda a Joe Friday, comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá: “Fue razonable que el comisionado encontrara que la embajada no había violado código de conducta alguno”, indica el documento.
Ante esta situación el hijo del activista, José Luis Abarca, señaló a El País que apelarán al fallo. “No vamos a tener a nuestro padre de vuelta, pero queremos sentar un precedente. Hay conflictos mineros en muchas zonas de México; también en otros países de América Latina. Es importante mostrar el apoyo que reciben frecuentemente las compañías de las embajadas”.
Conflicto con Canadá por gasoductos pone en riesgo inversiones en México
De acuerdo con la familia y ONGs, la embajada de Canadá tomó partido por la firma minera Blackfire Exploration —disuelta en 2017— cuando debió privilegiar la mediación e igualmente subrayaron que funcionarios canadienses pidieron apoyo de las autoridades de Chiapas para frenar las protestas.
Asimismo, manifestaron que el líder comunitario protestó frente a la sede diplomática cuatro meses antes de su asesinato, alertando que tanto él como otros de sus compañeros habían sido amenazados de muerte.
Sylvain Leclerc, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, mencionó al medio que “el Gobierno de Canadá también espera que las compañías canadienses que operan en el extranjero respeten los derechos humanos y todas las leyes aplicables, que operen de manera transparente y en consulta con los gobiernos anfitriones y las comunidades locales”.
Organizaciones medioambientales han criticado la actuación de las mineras canadienses en México debido al impacto ecológico. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina tiene contabilizadas 17 mineras canadienses que han dañado a comunidades mexicanas; un total de 37 casos que incluyen tres asesinatos y amenazas contra ejidatarios.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), por su parte, ha indicado en diversos informes que existen más de 850 proyectos en fase de exploración, desarrollo y explotación. En 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó más de 159 mil 816 hectáreas de títulos de concesión minera a particulares quienes los regalaron o vendieron a grandes empresas de Canadá, Estados Unidos y México.
México, país que criminaliza ambientalistas
México se sitúa nuevamente entre los diez países con mayor criminalización a personas defensoras del medio ambiente en el mundo y a América Latina. En su reporte, la organización Global Witness aseguró que urge la implementación de una política integral en materia de protección a personas defensoras que prevenga y atienda los casos de criminalización.
Indicó que los sectores en los cuales ocurre más son: Minería e Industrias extractivas; Agroindustria, Agua y Represas, Explotación Forestal y Caza ilegal. Los estados con mayor criminalización son Oaxaca y Puebla.
