Coordinación o caos en la frontera por crisis migratoria

NORTEAMÉRICA.- Desde fines de enero de este año los Estados Unidos comenzaron a implementar los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), citando la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Bajo el MPP, los migrantes que llegaron o entraron a los Estados Unidos por México—de manera irregular- podrán ser retornados a México durante la duración de sus juicios migratorios.

En principio a la ciudad de Tijuana y posteriormente al resto de las ciudades fronterizas mexicanas. Esta situación lleva a cuestionar si existen mecanismos o protocolos de coordinación binacional o transfronterizo entre ambos países, que permitan institucionalizar un retorno seguro, ordenado y que no genere impactos sociales en las ciudades fronterizas mexicanas.

La ausencia de dichos protocolos puede evidenciar una limitada coordinación entre la nueva administración federal mexicana, que está promoviendo un enfoque humanitario de los procesos de migración irregular al territorio mexicano.

En cambio, la política de migración de Estados Unidos promueve y enfatiza una regularización más estricta de dichos flujos, el control y la prioridad de fortalecer la seguridad fronteriza.

Entre las consecuencias de la iniciativa de Estados Unidos para Mexico y en especial para las ciudades fronterizas se encuentran: aumento de las demandas de asistencia social diversa, empleo, vivienda y atención psicológica, escasa inclusión social y mayor polarización social entre algunos grupos de la sociedad tijuanense e involucramiento en acciones de grupos delictivos.

Estas consecuencias implican la necesidad de promover una gestión multidimensional de dichos problemas, con la finalidad de reducirlos, evitando con ello mayores tensiones.

Este cambio en la agenda política de migración estadounidense se dan en respuesta a la crisis de migración ilegal que percibe el Gobierno de Estados Unidos existe en su frontera sur con México.

Dicha postura se reiteró en el discurso a la nación del presidente Trump el 5 de febrero pasado. Según la administración de Estados Unidos, en estos últimos cinco años, han aumentado 2000% las solicitudes de asilo, ya que muchos potenciales migrantes saben que solicitar asilo les da una oportunidad de permanecer en los Estados Unidos incluso si no tienen un argumento válido para el asilo. Además, de ahorrarse los cerca de 5000 a 7000 mil dólares que implicaría su ingreso irregular con un traficante de personas.

En este contexto, cabe mencionar que la migración irregular centroamericana y mexicana sigue cruzando con mayor dificultad a Estados Unidos, en especial aquellos que cuentan con redes y con recursos que les permiten la contratación de un traficante. Estos flujos han sido parcialmente ignorados en el debate de las caravanas de migrantes en su tránsito por México. No obstante, que sigue siendo y ha sido la principal estrategia para ingresar hacia Estados Unidos de manera irregular.

Las autoridades de Estados Unidos estiman que nueve de cada diez solicitudes de asilo son rechazadas por un juez migratorio por no cumplir con los requisitos establecidos por la ley migratoria. Si es así, la mayor parte de los migrantes centroamericanos que han accedido a una audiencia en Estados Unidos, serían rechazados.

Por lo cual, su dilema será quedarse en Tijuana, regresar a su país o emplearse en algunos de los programas laborales promovidos por la nueva administración federal mexicana.

El rechazo evidente de las solicitudes de asilo -previo al traslado hacia la frontera con Estados Unidos – refleja una ineficaz gobernanza migratoria multinivel y social de parte de los gobiernos involucrados (Mexico, Centroamérica y Estados Unidos).

En una coyuntura muy compleja en la cual la capacidad de gestionar temas complejos como seguridad, migración, derechos humanos , trata, narcotrafico y empleo, cruces fronterizos y polarizaciones sociales, se considera vital para promover agendas complejas.

Su ausencia refleja la imposición o acciones unilaterales, que pueden ser contrarias a una relación bilateral que se ha basado en la construcción de la Frontera del Siglo XXI (2001-2019) (mayor seguridad y agilizacion de los cruces fronterizos: personas, autos y mercancías).

Mediante el MPP, los migrantes cuyos argumentos sean determinados como válidos por jueces estadounidenses, recibirán estatus de asilo y podrán permanecer legalmente en los Estados Unidos bajo las obligaciones adquiridas ante la ley internacional. El resto en su mayoría – serían expulsados hacia México.

En suma, una vez más la agenda actual de México con Estados Unidos implica problemas y oportunidades para redefinirla en función de las prioridades multinivel de ambos países.

El silencio o las omisiones no son la mejor respuesta ante una agenda compleja, conflictiva y que impacta en los grupos sociales más vulnerables. Ahí es donde México debería de fortalecer una noción más social e inclusiva de la migración desde un enfoque de la seguridad de la nación, es decir, del conjunto de los/las mexicanas, según sus diversas percepciones y posiciones y, sobre todo, con orden.

*Investigador del Colegio de la Frontera Norte.