La reciente concentración de migrantes haitianos en la frontera de Del Rio, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila y su cierre por algunos días, implica analizar si se pretende solucionar el problema para avanzar hacia una eficaz gobernanza multinivel migratoria con una corresponsabilidad regional e internacional.
Acorde con el secretario Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, 30.000 migrantes arribaron a la ciudad fronteriza de Del Río, TX desde el 9 de septiembre y estima que 12.400 haitianos están sujetos a una revisión de sus solicitudes de asilo en territorio estadounidense.
La desaparición (CDC, 20de la concentración de migrantes haitianos en la frontera de Del Rio refleja una eficaz gestión migratoria de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Bajo las siguientes medidas: canalización a entrevistas para una eventual solicitud asilo y de protección humanitaria a cerca de 12, 400 migrantes haitianos; la deportación de cuando menos mil migrantes haitianos a Haití bajo el titulo 42, por razones de salud pública (CDC, 2020); el retorno forzado de otros migrantes a México, por el temor de ser deportados a Haití; y una cantidad menor recurrieron a traficantes de migrantes para cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos.
La eficacia del gobierno de Estados Unidos en este caso, fue una respuesta a la visibilidad internacional que reflejó la concentración de los migrantes haitianos en la frontera estadounidense y a los efectos de los excesos en la contención de parte de algunos miembros de la Patrulla Fronteriza. Situación que no se había presentado con los flujos de migrantes centroamericanos.
Las acciones violentas de agentes de la Patrulla Fronteriza no se corresponden a una visión humanitaria que ha propuesto el gobierno de Biden hacia los migrantes. Tal visión humanista se puede apreciar en el ingreso de cerca de 60 mil menores no acompañados a Estados Unidos en los últimos cuatro meses. Situación nunca antes vista en la política migratoria estadounidense.
Un tema central es si con la desaparición de la concentración de migrantes haitianos se resuelve el problema de estos migrantes y de cerca de un millón de migrantes que han sido deportados de Estados Unidos en éstos 8 meses y de los cuales cerca de un 40 por cuento pretenden reingresar o ya han ingresado a EEUU. De ese total se estima que un 60 % son migrantes mexicanos.
El papel de los traficantes de migrantes ha sido y será central. Tuvieron la capacidad de movilizar entre 8 a 12 mil migrantes haitianos en pocos días. Y han movilizado a la mayor parte de los migrantes retenidos por autoridades migratorias estadounidenses.
Las políticas de detención de los traficantes de migrantes no han sido exitosas, ni lo serán en el corto y mediano plazo. La coyuntura y los efectos laborales de la pandemia y la flexibilización en la actual política migratoria estadounidense, han generado un área de oportunidad para los traficantes de migrantes.
La propuesta de solución de estos flujos migratorios no es viable en el corto plazo. El presupuesto previsto para los países del triángulo norte no se ha concretizarlo en el marco de la Estrategia para Abordar las Causas Profundas de la Migración y la Estrategia de Gestión Colaborativa de la Migración de la Administración Biden-Harris.
En caso de llegar tales recursos, no hay garantía de una eficaz transparencia e impactos de parte de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Estos países tienen el reto de fortalecer su gobernabilidad y gobernanza de políticas para el crecimiento y desarrollo y mejorar sus políticas anticorrupción. En el caso de Haití, sería deseable también un mayor compromiso con una política de gobernabilidad y de eficaces políticas para promover el crecimiento.
Es importante que la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, a través de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional, y de la Fundación Interamericana pueda canalizar un financiamiento para fines de asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud para los países involucrados, tal como sucedió con asistencia concedida para atender la problemática de los migrantes venezolanos. (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 22 septiembre 2021).
La idea sería promover la asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud total de los Estados Unidos, similar a la ayuda que han recibido los migrantes venezolanos –cerca de 5 millones de venezolanos han migrado- y los países de la región. Las cuales se estiman en más de $ 1.9 mil millones desde 2017, incluidos $ 1.65 mil millones en asistencia humanitaria dentro de Venezuela y en la región. (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 22 septiembre 2021).
Los recientes encuentros regionales e internacionales (CELAC y ONU) no enfatizaron políticas hacia una mayor y eficaz corresponsabilidad y compromiso migratorio con la agenda migratoria regional. El gobierno estadounidense no aprovechó esos dos espacios para plantear una agenda migratoria multinivel y acorde al contexto de la pandemia. No obstante, los aportes de agencias tales como ACNUR, OIM; OMS, OPS y UNICEF a la gestión y política migratoria en las fronteras con México.
El gobierno estadounidense tendrá que asumir los costos de una limitada agenda de corresponsabilidad migratoria según los siguientes efectos: a) flujos migratorios permanentes; b) control y flexibilidad migratoria; c) propuestas sin concretizar para atender las causas de origen de los flujos; d) polarización del tema migratorio a nivel nacional y en particular con la agenda del gobierno de Texas; e) limitado aval político del partido republicano a la propuesta de una reforma inmigratoria del partido demócrata y f) aumento de riesgos de contagio de COVID-19 por flujo de migrantes y ausencia de protocolos sanitarios.
La polarización política del Gobernador Gregg Abbot de Texas se mantendrá, con una política de contención migratoria y abierta confrontación con el gobierno federal. El gobernador texano pretende asegurar la frontera y detener a los migrantes por entrar sin autorización.
Para lo cual utilizará la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas para evitar la migración irregular, por cuya frontera de Texas cruza cerca del 60 % de los migrantes irregulares hacia Estados Unidos. Esta polarización reabre el debate de los costos políticos y en parte económicos de la migración en las fronteras, ante los alcances de la política migratoria del gobierno federal estadounidense.
La actual gestión y la política migratoria estadounidense ha visibilizado la necesidad de conceptualizar y de definir políticas con base de una eficaz gobernanza: multinivel y multidimensional: migración, seguridad fronteriza, pública y nacional, salud, empleos, derechos humanos, cruces fronterizos, marco normativo de asilo y refugio, familia, menores no acompañados.