¿De narcos a empresarios?

NORTEAMÉRICA.- La legalización y regulación de la marihuana, considerada un cambio en la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, desde que se declaró la guerra al narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), nunca estuvo tan cerca de concretarse como hoy.

La iniciativa de ley presentada por la actual senadora y próxima Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cobijada por el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Congreso, se tiene la ley casi por decreto, a mediados de 2019.

Morena, el partido de AMLO en la cámara alta, propone expedir una Ley General para la regulación y el control de la marihuana para uso comercial, medicinal, científico, de investigación y ampliando el rango defendiendo también su uso adulto: el autocultivo y el autoconsumo.

Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada por la Secretaría de Salud entre 2016 y 2017, “La marihuana es la droga ilegal más consumida en México y más de siete millones la han probado aunque sea una vez”.

En un reportaje del diario “El País”, el debate sobre la legalización de esta planta llegó a hasta la cocina de muchos, incluso a la mesa de un desayuno familiar en la residencia oficial de Los Pinos. Durante un discurso que dio Enrique Peña Nieto —en 2015— mencionó que su hijo Alejandro, lo había cuestionado: “Oye papá, eso quiere decir que pronto nos vamos a poder echar un churro delante de ustedes”. Peña Nieto (2012-2018), que desde siempre tuvo una postura negativa hacia la legalización, le contestó “no, no te confundas esto solo abre el debate, yo estoy en contra”.

En 2016, —unos meses después de la anécdota presidencial—el congreso mexicano avaló el uso medicinal de la cannabis, pero desechó incrementar la cantidad de 5 gramos permitida por el Código Penal Federal a 28 gramos. Dejando esta reforma a medias.

¿CUESTIÓN DE DINERO?

Con los avances que puede significar dejar atrás posturas prohibitivas, la ley no está blindada para evitar que la delincuencia organizada tenga acceso a las rebanadas del pastel. Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretario de salud, admitió que se trata de “la droga ilegal que más se consume en el mundo”. Entonces, ¿quién renunciaría a este mercado?

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Una idea muy atractiva para el ex presidente Vicente Fox (2000-2006), que promueve cambiar criminales por empresarios. Fox, se ha manifestado abiertamente por la legalización y ha expresado su interés por incursionar en la industria.

La iniciativa presentada como Ley General para la Regulación y Control, propone que quienes requieran portar más de los 30 gramos tendrían que solicitar uno de los 15 permisos o licencias que dará al Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis únicamente a mayores de edad y sin antecedentes penales relacionados con delincuencia organizada o lavado de dinero.

Las licencias que estarán clasificadas en un padrón anónimo, y que podrán durar hasta 10 años, otorgarán permisos a las personas interesadas en el auto cultivo, en el comercio, en la investigación y en la producción, podrán tener hasta 20 plantas y producir 480 gramos anuales. Estos permisos contemplan la creación de cooperativas formadas entre 2 y 150 socios; y contar con un código de ética.

Sánchez Cordero, también planteó que promulgada la ley, las autoridades tendrán 30 días para elaborar programas de excarcelación de personas detenidas por portación o consumo. En lo anterior, se asoman reglas de blindaje, pero los huecos existen.

Queda por resolver qué ocurrirá con los presos de la marihuana, ciudadanos detenidos o condenados por posesión de cannabis. Según datos de Morena, 62% de presos con los que contaba México en 2012 estaban en la cárcel por delitos contra la salud, es decir, narcotráfico. De ellos, 58% permanecían recluidos por relación con la marihuana. En 2011, existían 1.509 reos sentenciados por consumo o posesión.

Mariana Sevilla de la organización México Regula, convencida de las bondades de esta Ley, admite que no hay un mercado en México que esté blindado del crimen organizado. “En Michoacán no podemos decir que está blindado el limón o que en Guerrero no está blindado el coco”. Confía que la iniciativa inscriba a la legalidad a gente del campo, que vende, compra o la utiliza. Porque de seguir los mecanismos prohibitivos, más gente habrá en la ilegalidad.

La activista, fotógrafa y comunicóloga, que consume marihuana desde hace más de una década y que logró en 2016 sembrar el debate sobre su regulación en el poder legislativo, dice que a los grandes cárteles no les va a llamar la atención lo legal, porque a lo que se dedican es a lo ilegal. “Se ha intentado argumentar que no debemos legalizar porque ya van a ser legales, al contrario, lo que queremos es que la mayor cantidad de gente entré al sistema regulado”.

Pero quedan preguntas en la mesa: aquellos que han hecho sus fortunas a partir de la marihuana: ¿pasarán de un plomazo a hacer negocios lícitos y pagarán impuestos? ¿habrá un crecimiento económico? ¿cuántos ingresos se esperan? Entonces las víctimas asociadas con la droga ¿quedarán impunes?