NORTEAMÉRICA.- Hace año y medio que Rodolfo López no tiene contacto con sus hijos porque el padrastro de ellos se lo impide y él está a miles de kilómetros de distancia de Las Vegas, deportado, sin trabajo y con pocas posibilidades de conseguir un abogado que entienda los tejemanejes legales de las familias de migrantes divididas.
“Sólo quiero hablar con los niños por las noches y preguntarles cómo estuvo su día pero ni siquiera eso”, cuenta en las oficinas de la Coalición Binacional contra Donald Trump, una organización civil que busca crear una organización de padres y madres deportados ante la creciente situación de familias divididas por las políticas migratorias de EEUU.
María García, al frente de la oficina en Ciudad de México, escucha a Rodolfo López y otros repatriados con hijos en EEUU lanzar la misma queja: no tienen ni el conocimiento ni el dinero para enfrentar jurídicamente el problema de la separación.
“Nosotros celebramos la aplicación de mil millones de pesos a los consulados para la defensa jurídica de los connacionales, pero lamentamos que no incluyeran a los deportados en México que requieren de una asesoría jurídica específica”, comenta García.
Hasta ahora, los asuntos legales migratorios de los migrantes retornados recaen principalmente en las oficinas de atención al migrante de cada estado con presupuestos que apenas alcanzan para atender una docena de casos por año cuando el número de deportados mantiene un ritmo de entre 15,000 y 20,000 personas al mes desde 2015, según la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración.
Rodolfo López se consume por la pena de la incomunicación con sus hijos de doce y ocho años de edad. Este mes cumple un año y siete meses desde que un policía de tránsito lo detuvo después de un paseo con los muchachos y tres amigos de éstos por el Strip de Las Vegas donde tomaron fotos y videos.
“Fue un día muy alegre y muy triste”, describe el padre aún confundido por el error que detonó su deportación. Llevaba cuatro pasajeros en lugar de cinco, una situación que llamó la atención de los oficiales que le pidieron los documentos y posteriormente llamaron a agentes del ICE. “Me detuvieron delante de los niños”.
A los pocos días, Rodolfo estaba en Ciudad Acuña y en camino a la Ciudad de México, de donde es oriundo y emigró en 2003 junto con su esposa, “harto de la corrupción” al interior de la policía de la capital, su último trabajo antes de partir en el que trabajó durante dos años y medio.
“Yo no sólo culpo a Donald Trump de todo esto que está pasando, nuestro gobierno se tiene que dar cuenta que sus decisiones han empobrecido a mucha gente y los salarios no alcanzan hoy ni para alquilar un departamento”.
Rodolfo López vive “arrimado” en un cuarto que le presta su sobrino en un rincón de la casa mientras encuentra trabajo, pero no encuentra. Con un crédito del gobierno de la CDMX (de alrededor de 1,250 dólares) para mexicanos retornados piensa abrir una pizzería para juntar un poco de dinero y poder traer a sus hijos de vacaciones, si es que los vuelve a contactar.
De ahí la urgencia de asistencia legal. “Sé que es difícil y nada en esta vida es gratis, pero si los costos son accesibles podríamos buscar la manera de volver a ver a nuestros hijos”.
El problema central de los repatriados con hijos en Estados Unidos es que se sienten abandonados en una lucha que tiene como prioridad evitar la deportación, pero una vez que se consuma no hay seguimiento a sus casos. Ana Laura López, una activista deportada de Chicago hace tres meses asegura que ha escrito a varias organizaciones civiles muy activas en Illinois a favor de los migrantes, pero de ninguna ha tenido eco para apoyar la reunificación familiar con sus dos hijos. Algunos bufetes de abogados también la han ignorado. “Los deportados ya no importamos porque ya no podemos pagar en dólares allá ni mandar dólares aquí”.