NORTEAMÉRICA.- Una complicada situación se desarrolla ahora en América del Norte. Las instituciones y vínculos regionales han sido puestas a prueba por los gobiernos de los países integrantes de un bloque comercial que debería tener acuerdos políticos, y es en realidad una asociación económica con crecientes disonancias.

El estilo personal de gobernar y las prioridades políticas domésticas de los presidentes Donald Trump, en Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, en México, puso a prueba la profundidad de la integración económica regional.

El estadounidense mantiene a sus vecinos y mayores socios comerciales bajo la continua amenaza de punitivas tarifas comerciales como forma de presión política. El hecho ha sido más evidente en el caso de México, que enfrentó la posibilidad de una sobretasa a sus exportaciones hacia EEUU a menos que se movilizara para detener el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan el país en busca de asilo en la frontera con Estados Unidos.

El gobierno mexicano movilizó a su Guardia Nacional para impedir el paso a nuevos grupos centroamericanos, mientras buscaba urgentemente el apoyo de organismos internacionales y otros países para planes de desarrollo en el sureste de México y el llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador), origen principal de las caravanas.

El análisis alrededor de las sobretasas y las presiones, originó un debate en México y en Estados Unidos respecto a su viabilidad política y económica durante una etapa ya electoral en la Unión Americana, y sobre la capacidad de resistencia del gobierno mexicano.

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Muchos creen que las tarifas/presiones no hubieran podido ser sostenidas por el gobierno de Trump, más allá de unos cuantos días simbólicos. La discusión en todo caso resulta un debate académico, aunque la posibilidad de efectos políticos de largo plazo resultan evidentes. 

Por lo pronto, la realidad regional es que la presión estadounidense obligó al gobierno de México a pasar del idealizado rol de protector de la migración a convertirse en el principal obstáculo voluntario al paso de posibles refugiados.

Como ha ocurrido en otros países convertidos en destino involuntario, la opinión pública mexicana ha pasado de una actitud de simpatía a una de preocupación y hostilidad.

En ese marco, la situación pasó del rejuego de las medidas políticas comerciales a los crecientes escándalos sobre derechos humanos, ante las quejas y denuncias sobre maltratos y abusos contra migrantes centroamericanos tanto en Estados Unidos como en México.

A un nivel menor, el gobierno López Obrador puso a empresas obstructoras de gasoductos canadienses en el centro de una tormenta que amenaza trascender lo comercial.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, Manuel Bartlett, denunció las condiciones abusivas de las empresas contratadas para construir gasoductos y proporcionar el gas a las generadoras de electricidad del estado. La acusación llevó a desusadas intervenciones públicas del embajador de Canadá en México, Pierre Allaire, en un caso que amenazaba transformarse en una nueva prueba de confianza de los inversores internacionales en el gobierno mexicano.