NORTEAMÉRICA.- Cuando el gobierno del presidente Donald Trump canceló la Acción Diferida para llegados en la Infancia (DACA), dejó parcialmente desprotegidos a más de 800 mil jóvenes beneficiarios del programa aprobado por el expresidente Barack Obama.
Más de 690 mil de ellos nacieron en México.
Varios dictámenes de jueces federales han limitado y neutralizado los alcances de esa cancelación y en la práctica los “dreamers” o “soñadores” están aún bajo protección del Programa DACA.
Los “soñadores” son jóvenes que llegaron a EU antes de cumplir 16 años y tenían menos de 31 años de edad en junio de 2012, cuando se dictó la medida ejecutiva (DACA).
Según el Centro de Investigación Pew (Pew Research Center) cerca de 1.1 millones de jóvenes migrantes eran elegibles para el DACA pero sólo 78 % de ellos solicitó el Programa. El estado de California alberga 225 mil “soñadores”, un 30% del total.
Se estima que más del 97% de los “dreamers” estudia o trabaja: 5% inició su propio negocio; 65% pudo comprar un auto y 16% una vivienda. El 72% de las mayores compañías estadounidenses, según la revista Fortune, emplea beneficiarios de DACA.
La cancelación del programa entró en efecto en marzo de 2018 y el propio ejecutivo dijo que el Congreso debía generar una iniciativa de ley “congruente” con la normatividad migratoria, para permitir la permanencia de los “soñadores”.
El Congreso no se puso de acuerdo y no hubo nueva ley o normas para proteger a los jóvenes.
Los permisos de trabajo del programa DACA están en el centro del problema: son válidos hasta la fecha de su vencimiento. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EU (USCIS) dejó de aceptar solicitudes iniciales de jóvenes DACA después del 5 de septiembre de 2017.
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Los permisos de trabajo que vencieron entre esa fecha y el 5 de marzo de 2018 debieron ser renovados -por dos años- antes del 5 de octubre de 2017. Se calcula que se renovaron más de 150 mil permisos; en 2016 fueron 146 mil “dreamers” que renovaron su estatus DACA.
Esto significa que casi 300 mil jóvenes están protegidos escalonadamente hasta inicios de 2019 y 2020.
La solicitud -conocida como “advance parole”- para que los “soñadores” puedan salir del país ya no está disponible y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya no procesa las solicitudes pendientes.
Está por verse si después de las elecciones intermedias de noviembre, demócratas y republicanos moderados en el Congreso podrán acordar un estatus legal, quizá residencia, para los jóvenes.
Pero de no haber un acuerdo legislativo, existen otras alternativas.
Por un lado, está la lucha en cortes federales con apoyo y asesoría de los 50 consulados mexicanos, cada uno con un Centro de Defensa Legal y Migratorio.
Existen vías legales.
Changing Face of Protests. Crédito: Samantha Sais
Hay argumentos válidos para defender a la gran mayoría de los jóvenes DACA, por el “inmenso daño moral y emocional que significaría que fueran deportados” por su profundo arraigo en EEUU y que para ser considerados debieron comprobar expedientes sin antecedentes penales.
Esto significa que pese a la falta de una ley federal que los proteja, es factible que muchos de ellos ganen judicialmente sus casos.
Observadores de la Cancillería mexicana creen que con adecuada asesoría legal se puede anular más de la mitad de las deportaciones; miles de casos implicarían procesos legales de más de tres años así como el retraso de millares de deportaciones, al margen de la posibilidad de legislación pro- “dreamers”.
Otro aspecto a considerar es que la saturación de las cortes hará lento el proceso de deportación. La posibilidad de deportaciones masivas o “express” parece inviable.
La presión social y política de empresas, organizaciones de sociedad civil, gobiernos estatales como California y Nueva York, legisladores, alcaldes de ciudades líderes, universidades entre otros actores sociales, hará difícil que se apliquen medidas draconianas contra los “dreamers”.
En este escenario es difícil esperar un flujo masivo o significativo de “dreamers” a México y a otros países de la región como El Salvador. Es claro además que la inmensa mayoría de ellos desea permanecer en EEUU.
La situación no está resuelta en ningún sentido. Ni siquiera sobre lo que pasará si fracasan nuevos intentos legislativos.
Resulta difícil imaginar que 800 mil jóvenes vuelvan a las sombras, sin poder trabajar o estudiar, o sin documentos de identidad. Se calcula que la economía estadounidense perdería 460,300 millones de dólares sin esta mano de obra, y el seguro social y Medicare dejarían de percibir 24,600 millones de dólares anuales.
OTRAS ALTERNATIVAS
La pérdida estadounidense sería ganancia para otros países: Legisladores federales y gobiernos provinciales de Canadá han expresado interés en atraer el talento de los “soñadores”. Un cálculo conservador indica que, en tres años, Canadá podría dar residencia permanente a unos 150 mil “dreamers”, 50 mil por año.
Otros países que buscan atraer talentos jóvenes y sus familias son Australia y Nueva Zelandia: es viable que algunos miles de “dreamers” sean invitados por empresas y gobiernos de esas naciones, y quizá otras.
Es claro que los “soñadores” que deban salir de EEUU preferirán mejores condiciones que regresar a sus países de origen, como México, donde los salarios son bajos.
Algunas corporaciones privadas mexicanas han expresado interés en contratar a “dreamers” retornados e instituciones del gobierno de México como “Somos Mexicanos” de la Secretaría de Gobernación, gobiernos estatales como Michoacán -que a través de su Secretaria del Migrante se prepara para recibir a los 90 mil “dreamers” michoacanos en caso necesario- y Universidades públicas y privadas que han manifestado su disposición a acogerlos.
La realidad es que es poco probable que haya deportaciones masivas de y en el peor escenario será un flujo lento, de años, para que lleguen retornados a México.
De cualquier manera, debemos atender la reinserción laboral de los deportados ya en México, “dreamers” o no, jóvenes y adultos, e incluirlos en iniciativas como el Programa “Jóvenes construyendo el futuro” que lanzará la STPS el 1 de diciembre de 2018 y es clave su capacitación y certificación laboral para apoyarlos con empleos dignos.