Jill Anderson, codirectora de la organización civil Los Otros Dreams en Acción, lamenta que en EU los jefes se aprovechen de la mano de obra indocumentada como aquí de los repatriados

NORTEAMÉRICA.- Su interés por temas de migración empezó cuando trabajó con grupos de migrantes en Austin, Texas entre 2004 y 2005. Fue voluntaria en la organización Proyecto de Defensa Laboral, en la cual se percató de las injusticias, el racismo, la discriminación y la violación de derechos –especialmente laborales– que viven los recién llegados de todas las nacionalidades. 

“Resultaba que muchos jefes corruptos les daban trabajo a personas sin documentos y luego no les querían pagar”, afirma. Los principales retos de los migrantes, dice, es la falta de una ruta legal para trabajar y residir en un país.

Anderson recuerda que en el 2012 conoció a varios jóvenes que trabajaban en un centro telefónico de atención a clientes en la Ciudad de México. Ellos tenían una historia en común: habían sido deportados de Estados Unidos tras haber vivido la mayor parte de su vida ahí. 

Su libro, Los otros dreamers, publicado en 2014 en colaboración con la fotógrafa Nin Solís, surgió de la necesidad de visibilizar los retos que enfrentan los repatriados. “Me sorprendía que llegaban historias de San Luis Potosí, de Monterrey, de Cancún, de Guadalajara. Pensamos, esto es mucho más grande y afecta a muchas más personas de lo que nos habíamos dado cuenta”.  

Desde su experiencia, hay quienes migran para lograr la reunificación familiar en Estados Unidos o por falta de oportunidades para continuar sus estudios o trabajar. Sin embargo, el número de migrantes ha incrementado tras las olas de violencia que se desataron en México y Centroamérica. Anderson recuerda una situación cercana.

El padre de una conocida suya fue asesinado en Durango y la joven tuvo que migrar junto con sus hermanas y su madre para reencontrar a sus tías, quienes ofrecieron apoyo y seguridad. En este contexto de violencia, muertos y desaparecidos, una gran cantidad de mexicanos solicitaron asilo al gobierno de Estados Unidos y fueron rechazados.

Una vez deportados, los mexicanos que regresan a su país encuentran nuevas dificultades, sobre todo aquellos que migraron a temprana edad. Para muchos, obtener un documento de identidad oficial es casi imposible. En algunos trámites para adquirir estos documentos, solicitan la presencia de dos testigos. “Imagina que viviste 20 o 30 años fuera del país, te han deportado y quieren que busques a dos testigos. Para muchos, eso es complicado”. 

Los antimexicanos más poderosos en Estados Unidos

Estos trámites también dificultan la obtención de la nacionalidad mexicana, motivo por el cual muchos binacionales permanecen en Estados Unidos, lejos de sus padres. 

“Aunque tienen el derecho a la nacionalidad mexicana por la Constitución, resulta que necesitan una apostilla en su acta de nacimiento desde Estados Unidos para poder acceder a su nacionalidad mexicana; es un proceso muy burocrático y costoso que toma tiempo para las familias…

“Ellos tienen ese derecho solo por ser hijos de su papá o de su mamá, pero a nivel normativo, piden este trámite de apostilla y traducción por perito que complica mucho acceder a programas del DIF, a becas escolares, poderse graduar y (obtener) el certificado de fin de año”. 

Otros obstáculos para la reintegración a su país tras la deportación es encontrar vivienda y trabajo, así como el choque cultural y de lengua, destaca la doctora y activista.

En el 2014, el gobierno mexicano lanzó el programa Somos Mexicanos para la atención integral de retornados. El programa, comenta la entrevistada, tenía muchas fallas por las limitaciones que hacía respecto a los beneficiarios y la temporalidad de atención, el cual duraba entre dos semanas y unos meses.

“El proceso de integración que hemos visto con la población de la organización donde trabajo, ODA (Otros Dreams en Acción), es una integración de mínimo un año”. ODA busca generar una red de apoyo para los repatriados a través de actividades culturales y un espacio comunitario como Pocho House, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Además, ofrece orientación legal para trámites oficiales.

La organización, en la cual Jill es co-directora, forma parte de una red de asociaciones que buscan rutas de integración para deportados. 

Ella comenta que, ante la posibilidad de una deportación masiva en corto tiempo, el gobierno mexicano debería “tomar esas rutas y realmente buscar que haya un programa transversal de inclusión social para migrantes, que viene de un programa con infraestructura, con coordinación intersectorial y con presupuesto, que yo creo que esas tres cosas son claves para que realmente haya un programa de migración basado en los derechos humanos y la inclusión social. Sin eso, es puro discurso”.