El robo de combustible en México

NORTEAMÉRICA.- “¿Qué hemos hecho mal como sociedad respecto a los temas de desigualdad, desempleo, precariedad, que lleva a población a arriesgar su vida?”

La feroz pregunta sale de boca del doctor Andrés Sumano, del Colegio de la Frontera Norte (Colef) que entrevistado por una publicación del propio instituto cuestiona la idea de que sea sólo una cuestión de pobreza y apunta también a problemas de impunidad y estado de derecho.

“Millones en México viven en esta condición (de pobreza) y sin embargo encuentran otras formas de generar ingreso o se comportan de otra manera. Se debe reflexionar también sobre el estado de derecho y la impunidad en México”, dijo a la revista “El Correo Fronterizo”.

En términos reales, la tragedia de Tlahuelilpan, la reflexión sobre las raíces y las razones del accidente llevan a plantear la actividad del “huachicoleo” en formas distintas que las planteadas por el gobierno.

En el reporte de “El Correo Fronterizo” del Colef, basado en una entrevista propia con el doctor Andrés Sumano, Profesor- Investigador de la cátedra CONACYT-COLEF adscrito al Departamento de Estudios Culturales de El Colef, sede Matamoros, destacó la complejidad y la diferencia de esa actividad delictiva, su contexto social y de seguridad.

Más de cien personas murieron de inmediato y luego a consecuencia de la explosión producida cuando el viernes 18 de enero se una toma clandestina en un ducto de Pemex, ubicado en la comunidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Videos previos a la explosión mostraron a cientos de personas aglomeradas alrededor del punto donde se encontraba la toma ilegal, luego de que la presión del ducto ordeñado expulsó combustible por arriba de los 600 metros de altura.

De acuerdo con testimonios, los pobladores presentes buscaban llenar garrafas y cubetas con la gasolina que expulsaba el ducto y rechazaron la intervención de una patrulla del ejército enviada a tratar de controlar la situación.

Cuatro horas después de la detección y cierre de la toma, se produjo la fatal explosión en la que fallecieron ya más de 100 personas algunas de ellas entre las 46 hospitalizadas a raíz de sus quemaduras, según datos atribuidos por “El Correo Fronterizo” al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador “lamentó la tragedia producida por la explosión y afirmó que su gobierno no planea cerrar los ductos, su plan es reforzarlos a mediano plazo. Busca explorar tecnología del Instituto Mexicano del Petróleo que impida que se pinchen y resistan las agresiones”, citó la publicación, que precisó también la intención del mandatario de seguir su plan de combate contra el robo de combustible.

Pero las cosas no son tan simples.

De acuerdo con las declaraciones del Dr. Sumano a “El Correo Fronterizo”, el “huachicoleo” ya es una actividad criminal por si misma,“ se deriva de una situación que se ha venido agravando. De un cambio en el comportamiento criminal y la economía criminal.

Es decir, hay grupos que en algún momento pudieron estar asociados a carteles del narcotráfico, que eventualmente se dieron cuenta que tenían la capacidad y que les era más rentable y más fácil dedicarse a actividades como esta del huachicol (robo de combustible) que al narcotráfico, que son redes más complejas, una logística que lleva más recursos y demás.

“Este cambio en el comportamiento criminal, asociado con una impunidad que ha permanecido por la misma complicidad de las autoridades, llevó a que sucediera lo ocurrido en Tlahuelilpan y también a una explosión en Querétaro.

“Qué se debe de hacer en este sentido, esto lo que nos debe enseñar es que el transporte del combustible es un tema que debe de analizarse de manera profunda y seria. No es algo que pueda simplificarse en un: vamos a combatir el huachicol y en lugar de transportarlo por los ductos, cierro los ductos y lo voy a llevar por pipas, que esto implica riesgos importantes.

“La estrategia tiene que ser mucho más pensada, más analizada, en este sentido hasta ahorita se ha buscado pasar o transferir la responsabilidad al ejército, parece ser no hay nadie más o así parece que lo piensa el presidente; “No cuento con nadie más para esta tarea, pues me apoyo en el ejército”.

Pero si llega un punto en el que tenemos que pensar en el sentido de ¿hasta dónde vale la pena involucrarnos como país? o ¿hasta dónde genera más valor el combate a un delito como el huachicol y hasta dónde genera más daño una estrategia como la que se está aplicando? “

Para Sumano, uno de los primeros pasos debe ser revisar a fondo el plan de distribución del combustible, la tipificación del robo de combustible como delito grave que amerite prisión preventiva oficiosa, debe estar dentro de estas acciones.

“Me parece que es más seguro, y más fácil, vigilar ductos que tratar de vigilar pipas. También una estrategia de comunicación eficiente, donde se dén a conocer los riesgos de operar de manera clandestina los ductos y el combustible”, citó la revista del Colef.

Para Sumano, es necesario también Incorporar medidas de protección civil a las medidas de seguridad; no solo se trata de un tema de vigilancia, como ya vimos en Hidalgo, ahí estaba el ejército pero no tuvieron capacidad de respuesta.

Las Fuerzas Armadas tienen respuestas basadas en estrategias punitivas o de seguridad nacional, comentó Sumano, al hacer notar que “hasta el momento parece que el presidente les ha ordenado restringirla lo más posible.

En este tipo de escenarios, si no se puede ejercer el uso legítimo de la fuerza ¿cuáles son los esquemas de protección civil, protocolos, que se pueden aplicar para prevenir este tipo de hechos?”

La gran pregunta en el caso de Tlahuelilpan y otros sitios se refiere a lo que lleva a la población de esos lugares a arriesgar la vida por unos cuantos litros de gasolina.

“ ¿Qué hemos hecho mal como sociedad respecto a los temas de desigualdad , desempleo, precariedad, que lleva a población a arriesgar su vida?”

Por otra parte, no estoy de acuerdo a que es un tema solamente de “no hay otra opción, la pobreza los orilló a esto”, no se debe criminalizar la pobreza; millones en México viven en esta condición y sin embargo encuentran otras formas de generar ingreso o se comportan de otra manera. Se debe reflexionar también sobre el estado de derecho y la impunidad en México.