José Carreño
NORTEAMÉRICA.- A principios de 2016 una falsa noticia causó intranquilidad, irritación e indignación: México, afirmaba el texto, estaba construyendo un muro en su frontera con Guatemala.
La reacción fue inmediata y negativa, hasta que por los mismas redes sociales se comprobó que las fotografías del muro correspondían a la valla construida ya entre México y Estados Unidos.
Pero en cierta forma el reporte no era completamente incorrecto, solo que el muro no es físico: desde 2014 hay una creciente presencia de las autoridades, sobre todo militares y policía federal, para tratar de interceptar migrantes y drogas ilegales.
El problema no solo es de control fronterizo, sino de derechos humanos y seguridad.
De acuerdo con el Movimiento Migrante Mesoamericano, en 2016 unos 400 mil centroamericanos cruzaron la frontera de Guatemala con México para tratar de llegar a Estados Unidos, Unos 20 mil de ellos -hombres, mujeres, menores y adultos- desaparecieron o murieron en el camino, víctimas de violencia, accidentes, exposiciones o simplemente trata de personas.
México “es un triángulo de las Bermudas” para los migrantes, indicó el Movimiento.
La evidente facilidad de cruzar hacia territorio mexicano desde Guatemala solo subraya también un problema tan grande o mayor: no solo es un paso de personas sino de mercancías como drogas procedentes de Sudamérica y armas de grado militar, muchas de ellas sustraídas a los ejércitos de la región, para grupos criminales en México.
En alguna medida la decisión de reforzar el control de la frontera sur se debe a la conocida permeabilidad de sus 871 kilómetros de longitud (965 kms. si se incluye el tramo correspondiente al límite con Belice).
Oficialmente hay diez cruces formales con autoridades migratorias y aduanales, pero el símbolo real son los 56 cruces informales conocidos, simbolizados por las balsas improvisadas que transportan mercancías y personas ilegales en el rio Suchiate, y los mas de 500 que se estima existen a lo largo de una frontera que frecuentemente se pierde en una región llena de montañas y selvas.
Pero de acuerdo con una descripción de la National Public Radio (NPR), “en vez de amasar tropas en su frontera con Guatemala, México estaciona agentes de migración, policía local y federal, soldados e infantes de marina para crear una especie de zona de contención en el estado de Chiapas”.
El llamado Plan de la Frontera Sur, que comenzó en 2014, llevó a la deportación de mas de 500 mil centroamericanos, incluso 82 mil el año pasado.
“Desde 2015 México ha deportado más centroamericanos anualmente que las autoridades estadounidenses, en algunos años hasta el doble”, precisó la NPR.
La lucha contra las drogas, la necesidad de ejercer mas control, la insistencia estadounidense en demandar la colaboración mexicana para limitar la llegada de centroamericanos indocumentados, llevaron a que el gobierno mexicano aceptara un apoyo de 88 millones de dólares del gobierno estadounidense para un programa de recopilación de información biométrica de visitantes y otro de 75 millones para financiar un programa de comunicaciones seguras entre las dependencias de seguridad medianas en la región, apoyado en doce torres de comunicaciones instaladas en bases de la Infantería de Marina de México.
La frontera mexicana fue también un punto de refugio tradicional para guatemaltecos desplazados por la guerra interna, sobre todo en los años sesenta y setentas, cuando hubo incluso programas de nacionalización para migrantes.
La facilidad del cruce llevó también a que se convirtiera en punto de paso para miles de migrantes en ruta hacia Estados Unidos, especialmente del “triángulo norte” centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), aunque también de otros países.
De hecho, la crítica estadounidense a la “laxitud” de las políticas migratorias mexicanas a partir de los ataques terroristas del once de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington llevaron a su vez a crecientes críticas de grupos de derechos humanos por abusos cometidos por agentes, de un lado, y pandillas de delincuentes por otro.
Paralelamente, sin embargo, hay un creciente fenómeno de solicitudes de asilo en México, en alguna medida por la imposibilidad de llegar a Estados Unidos. En 2017 hubo 14,596 solicitantes.
La porosidad de la frontera tiene otro efecto: la creciente presencia de grupos delictivos mexicanos en el norte de Guatemala, en alianza con organizaciones locales, sobre todo en la región de Petén.
La combinación ha llevado a contactos entre las autoridades mexicanas y las guatemaltecas para tratar de establecer mas controles sobre una región que tradicionalmente no los ha tenido.