Elecciones en Norteamérica

NORTEAMÉRICA.- La política electoral hizo su reaparición en América del Norte con una intensidad superior a lo normal. Pero no, no se trata solo de la polémica situación estadounidense,
donde el presidente Donald Trump enfrenta acusaciones de todo tipo, que en gran
proporción tienen visos de realidad, mientras prepara lo que algunos ven como un
volátil intento por la reelección en noviembre de 2020.

Las acusaciones contra Trump lo presentan como defraudador y mentiroso, ego-
céntrico e impreparado, gracias a testimonios de algunos de sus antiguos asociados,
como el abogado Michael Cohen. Algunas de esas formulaciones llevarán sin duda
a nuevas direcciones en investigaciones legislativas y judiciales sobre Trump y sus
empresas, pero está por verse si alejarán al actual presidente de su base, que ya ha
escuchado muchos de los alegatos contra el polémico mandatario.

Lo que sí, serán un continuo escándalo los próximos meses, con la correspondiente indignación de los
estadounidenses opuestos o inclinados a oponerse a Trump, que tal vez se refleje en
las elecciones de 2020. La otra parte sin embargo se refiere a Canadá, ese presun-
tamente plácido país, visto en la región norteamericana -y de hecho por el resto del
mundo- como una nación estable, confiable, respetable. Y lo es, excepto que ahora
hablamos de política en año electoral.

Como ocurre en todo el mundo, la etapa preelectoral es el período cíclico en que
las reglas de civilidad parecen entrar en suspensión para ser remplazadas por acusa-
ciones y denuncias que con mayor o menor credibilidad se lanzan contra una persona
o un partido.

Esto viene a cuento por las embarazosas denuncias presentadas contra el
gobierno de Justin Trudeau ante el Comité de Justicia de la Cámara de los Comunes
del Parlamento Canadiense. La diputada liberal Jody Wilson-Raybould, ex-Ministro de
Justicia, se presentó para declarar en investigaciones sobre una presunta intromisión
política en el proceso judicial.

“Por un periodo de cuatro meses, desde septiembre
hasta diciembre de 2018, experimenté un constante esfuerzo de parte de varias per-
sonas dentro del gobierno buscando una interferencia política en el ejercicio de las
facultades discrecionales en mi rol como Fiscal General de Canadá, en un esfuerzo
inapropiado para asegurar un acuerdo de encausamiento diferido (DPA por sus siglas
en inglés) con SNC Lavalin”, una de las principales empresas de ingeniería y construc-
ción en Canadá, dijo Wilson-Raybould en su declaración inicial.

La presión, en alguna medida, sería señal de preocupación por la dirección de sus
investigaciones y el impacto que una pesquisa prolongada y llena de titulares pudiera
tener sobre la situación de la empresa, una de las mayores empleadoras del país, y
la economía.

Incómoda e indeseable como haya podido ser refleja simplemente preocupación
política y de acuerdo con los expertos canadienses no resulta ilegal, pero visto con
ojos de campaña electoral adquiere visos totalmente distintos, de escándalo.
Si el gobierno Trudeau hizo algo impropio e incluso delictivo lo pagará en las urnas,
en las elecciones generales de este año. Por lo pronto sin embargo, es otro escándalo
con potencial impacto en Norteamérica