DRA. MARA I. HERNÁNDEZ *
NORTEAMÉRICA.- El Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la presa de La Parota, los proyectos eólicos en la zona del Istmo, las nuevas carreteras, la minería, los oleoductos, las cerveceras, y un largo etcétera de empresas y proyectos de infraestructura que con frecuencia entran en solución directa con las comunidades impactadas se han convertido en un tema recurrente del debate público. Casi siempre que se discuten las relaciones entre empresas o megaproyectos y comunidades surgen dos o tres bandos divergentes.
Uno defiende a rajatabla el derecho de los más pobres de acceder a un empleo y un mínimo de desarrollo económico que garanticen una vida digna; ven en el sector privado, la inversión extrajera y los proyectos de infraestructura una vía legítima para generar prosperidad, y suelen quejarse de que México la desaprovecha. Para este bando es fundamental fortalecer un estado de derecho que de certidumbre a los dueños del capital global, y que inviertan en nuestro país, para ayudarlo a salir del subdesarrollo.
Otro bando se afianza en el valor de lo comunitario, lo local y el respeto a la diversidad cultural para defender el derecho de ciudadanos y comunidades indígenas a resistir formas de desarrollo ajenas o contrarias a sus nociones de “buen vivir”, que buscan imponerse vía mega-proyectos privados o estatales.
Para estos, la relación entre sector privado y comunidades está marcada por asimetrías de poder y diferencias de cosmovisiones tan profundas que una coexistencia pacífica resulta utópica en el contexto actual. Más que “estado de derecho”, se enfatiza la protección y defensa de los derechos humanos, individuales y colectivos.
Un tercer grupo de opiniones ubica al Estado como el actor ausente o cooptado que debe fortalecerse vía la recuperación de una rectoría del desarrollo con un carácter estratégico, orientado a aprovechar el potencial del país, y regular a los poderosos para distribuir equitativamente los frutos del desarrollo.
¿Existe la posibilidad de que las tres tengan al menos un poco de razón? ¿O será que los tres bandos tienen mucho de razón, pero sobre todo en la medida en que se afirmen como mutuamente válidos?
Cada día resulta menos plausible el desarrollo legítimo de proyectos de infraestructura y su viabilidad de facto sin respeto a las comunidades y sus formas de entender el “buen vivir”, o sin un Estado fuerte que promueva la distribución justa de beneficios, garantice derechos y regule, por ejemplo, qué recursos naturales deben explotarse y cuáles deben conservarse.
Difícilmente puede sostenerse la cohesión de las comunidades indígenas en torno a un proyecto de autodeterminación si no encuentran una ruta para en efecto garantizar un mínimo “buen vivir” a sus integrantes (ya sea en alianza con capitales privados o vía procesos autogestivos) y sin un Estado fuerte que regule a los actores privados cuya posición de poder frente a las comunidades genera un caldo de cultivo para los abusos y la imposición.
Por su parte, una rectoría del Estado que no reconoce el valor de la multiculturalidad y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas no aprovechará plenamente el potencial de un país donde la diversidad cultural es una enorme fortaleza, ni generará un desarrollo que sea valorado por sus ciudadanos; mientras que un Estado que compite caprichosamente con el sector privado tenderá a quedarse sólo con la carga de financiar el desarrollo.
Todo esto y más conversamos en el X Foro Regional de Conflictos SocioAmbientales en América Latina, celebrado en México recientemente y en el que hubo un encuentro entre los actores involucrados en esta conflictividad. El Foro buscó el intercambio, la escucha entre los diferentes, y la construcción de inteligencia colectiva sobre las dinámicas que subyacen los conflictos y la violencia en torno a la explotación de recursos naturales.
Quienes participaron se mostraron curiosos por laotredady fue posible extraer aprendizajes ampliamente compartidos. Un ánimo similar permeó el 1er Taller Avanzado en Prevención y Mediación de Conflictos Empresas-Comunidad.
Ambos eventos se organizaron en el marco del Programa de Negociación, Mediación y Diálogo (ProDiálogo) de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, en colaboración con organizaciones nacionales y regionales, así como con expertos internacionales.
Algunos aprendizajes que identifico como coincidencias entre actores muy diversos, investigaciones recientes y mi propia experiencia de campo:
• Las comunidades deben tener derecho a decir NO y también a decidir a qué tipo de desarrollo quieren decir SÍ.El consentimiento de las comunidades y el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas deben concebirse como una condición necesaria para el avance de los grandes proyectos de infraestructura.
• Cuando las comunidades perciben que los beneficios generados por los proyectos se reparten de manera inequitativa, aumentan dramáticamente las probabilidades de violencia y de conflicto entre empresas y comunidades. Si los proyectos avanzan con el consentimiento de la comunidad, el reparto de beneficios debe darse sobre la base de acuerdos legítimos entre el proyecto y las comunidades. Todos los actores parecen estar de acuerdo con esto, pero las inercias cortoplacistas y la pobreza obstaculizan el cambio.
• Sin transparencia y acceso a información oportuna, para todos los actores impactados por proyectos de infraestructura no puede haber un diálogo que derive en acuerdos legítimos, pero esto sigue siendo una asignatura pendiente a lo largo y ancho de la región.
Este déficit de información afecta de manera desigual a los actores. Son las comunidades indígenas y los ciudadanos más pobres quienes de manera sistemática se enfrentan a estos proyectos, sin información que les permita hacer valer otros derechos, como son el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la protesta y la libre asociación, o el derecho a la participación libre e informada.
• Las grandes empresas no son necesariamente ni buenas ni malas, pero sí tienen capacidades y recursos que pueden catalizar cambios positivos en el contexto local cuando existe la voluntad de hacerlo. Cuando las empresas centran sus esfuerzos en transformar sus dinámicas de relacionamiento con los actores locales tienen la capacidad de ser catalizadoras de cambios significativos en favor de entornos menos violentos que su vez hacen más estable su operación.
• La efectividad de los instrumentos globales depende de las dinámicas locales. En las últimas décadas han emergido diversos mecanismos e iniciativas globales para establecer estándares de transparencia y respeto a derechos humanos para el capital privado y el aprovechamiento de recursos naturales. Cuando los actores locales se organizan en redes o coaliciones amplias, éstos pueden ser efectivos tanto en la protección de derechos como en la generación de entornos menos volátiles para los proyectos.
• Las distintas formas de resistencia a los megaproyectos son fundamentales para visibilizar las injusticias y las asimetrías de poder en el relacionamiento entre empresas y comunidades. Las resistencias también posibilitan un diálogo sobre un piso más parejo, como se ejemplifica en el caso de Canadá, donde las comunidades indígenas participan cotidianamente en el diseño de la regulación en sectores estratégicos como el energético o minero, tras décadas de una larga batalla de protestas y litigios judiciales.
El reto de hacer compatibles las tres perspectivas es monumental. La colaboración entre empresas, comunidades y gobiernos no puede estar exenta de conflicto si ha de ser genuina, pero actualmente creo que es posible y, bajo ciertas condiciones, deseable.
Es así que ProDiálogo arranca en el CIDE, el próximo 1ero de febrero, el 2ndo Taller Avanzado de Prevención y Mediación de Conflictos Empresas Comunidad, al cual ya se han inscrito académicos, expertos en responsabilidad social empresarial, directivos de empresas mineras y energéticas, y personas que trabajan en organizaciones civiles, lo cual es garantía de que todos seguiremos aprendiendo.
* Mara I. Hernández es investigadora y coordinadora del Programa de Negociación, Mediación y Diálogo (ProDiálogo) de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Doctora por el MIT, con maestría en Harvard. Tiene más diez años de experiencia en el diseño y facilitación de procesos de diálogo multi-actor, en la mediación de conflictos y la construcción de coaliciones para el cambio. Es miembro fundador de Consensus Building Global Network.