Estados Unidos y la región de América del Norte en su conjunto padecen un profundo estado de negación sobre la importancia de la migración regional para la buena salud de las relaciones étnicas y raciales, la integración social y económica.
Niegan que la migración sea necesaria tanto a nivel nacional como regional, la estabilidad política y geopolítica, la gobernanza y el bienestar en general. Incongruentemente no se ha permitido una movilidad laboral y humana acorde a los factores de producción y continúan las restricciones a través de las fronteras internacionales bajo el actual régimen neoliberal de comercio.
De manera deliberada, las “políticas de inmigración” son consideradas por los gobernantes como “asuntos internos” de cada país. Una falla atroz, de poca visión, una receta para el caos . Por encima de eso, los objetivos geopolíticos y las estrategias de la única superpotencia en la región, Estados Unidos, no solo interfieren sino que evita que surja un régimen migratorio racional y más equilibrado para la región.
¿Cómo es eso?
Primero presentaron a los inmigrantes y refugiados regionales con la lente distorsionada de la Guerra Fría: tacharon a los inmigrantes económicos y refugiados de las intervenciones estadounidenses como infiltrados subversivos e ilegales mientras adoptaron muy selectivamente a los cubanos como luchadores por la libertad, otorgándoles estatus de refugiados legales.
A partir de la década de 1990, cuando despegó la “guerra contra las drogas” y la “guerra contra el terror”, todos los migrantes regionales comenzaron a ser tachados de delincuentes, narcotraficantes, pandillas, infractores de la ley, terroristas y, últimamente, ¡hasta portadores de Covid-19!
Un “equilibrio ideológico” apareció milagrosamente a mediados de la década de los 1980 en Estados Unidos, cuando Ronald Reagan firmó la última ley de reforma migratoria, que buscaba regularizar el estatus de cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados (en su mayoría mexicanos) a cambio de criminalizar la presencia y empleo de futuros flujos.
Fue al final de la Guerra Fría y antes del ataque terrorista del 11 de septiembre.
El célebre “Compromiso de 1986” tuvo, sin embargo, un enfoque defectuoso y estrecho porque mantuvo los mismos topes para visas legales para mexicanos.
Además, fue punitivo (impuso sanciones a los empleadores) e incompleto para regular racionalmente los futuros flujos migratorios regionales: ni siquiera consideró, y mucho menos anticipó, el inmenso impacto que tendría en México y la región el proyecto neoliberal patrocinado por Estados Unidos para la integración de América del Norte.
Esa omisión provocó una cadena de eventos que convivieron al “Compromiso de 1986” en letra muerta muy pronto porque sentó las bases para que se reanudaran los grandes flujos migratorios irregulares y se renovara un movimiento de nativismo virulento, restrictivo y punitivo en EU que no se había vuelto a ver desde la década anticomunista y macarthista de los 1950 y la ola pro-eugenesia que culminó en la década de los 1920.
A mediados de la década de 1990, los dos partidos principales en el duopolio de EU comenzaron a competir sobre cuál criminalizaría y deportaría a los inmigrantes indocumentados más rápido en respuesta a la creciente migración irregular masiva desde México. Una migración que no era más que el resultado directo de la aniquilación del sustento de millones de agricultores pobres y medianos por parte del tratado del TLCAN .
Esto desembocó en la dramática expansión bipartidista de los criterios para las deportaciones . Ignoraron cualquier defensa judicial; extendieron a las agencias policiacas locales la aplicación de las leyes de inmigración y acotaron el retorno los deportados con la amenaza de encarcelamiento.
Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Partido Republicano promovió estridentemente el nacionalismo y satanizó a los inmigrantes para convertirlos en chivos expiatorios. Propuso leyes federales cada vez más draconianas y regulaciones locales similares.
Por otro lado, los demócratas fingieron cada vez más tener alianzas con los inmigrantes sin cuestionar ni alterar las leyes draconianas que en realidad ellos ayudaron a establecer.
No propusieron una mejor arquitectura para la integración norteamericana para comenzar a abordar el problema de la migración regional irregular más allá de “hacer cumplir las leyes” ni lucharon en el Congreso por la regularización de todos o incluso algunos inmigrantes indocumentados.
El Partido Demócrata en realidad solo ha hecho tímidos esfuerzos e intentos fallidos de aprobar una reforma migratoria desde 2006. El último de ellos, la ley del presidente Biden en 2021 que fue diluida y archivada (uneufemismo de Washington para decir abandonada).
Mientras tanto, el incremento del flujo migratorio se disparo en 2012 con familias indigentes y desesperadas, niños no acompañados procedeNtes de Estados fallidos de la región como los países del Triángulo Norte de América Central (Honduras, Guatemala, El Salvador), Haití, así como los muchos narco estados en México.
Para el “Consenso Restrictivo” liberal/conservador emergente en Washington, el desafío principal es la rebelión social transnacional, las caravanas masivas, organizadas y desafiantes de familias obligadas a huir sin esperar el “permiso” de nadie, pesar de la militarización, el endurecimiento legal de su frontera sur y las deportaciones.
Hasta ahora, la respuesta ha sido más represión estadounidense, en connivencia con los gobiernos de los países de origen y tránsito, demostrando, una vez más, una abismal falta de visión.