Los desafíos gubernamentales son distinguir entre delinciencia y manifestaciones sociales en urbes como Chicago, Albuquerque, Nueva York y Filadelfia a donde ha enviado grupos especiales para mantener el orden.
La coyuntura política -electoral en Estados Unidos se caracteriza por la reciente iniciativa gubernamental de enviar fuerzas federales a algunas ciudades como Chicago, Albuquerque, Nueva York y Filadelfia, para “ayudar a combatir el aumento de la delincuencia”, como sucedió en el caso de Portland, en donde se mantiene la tensión política-racial.
Para el caso mexicano sería una propuesta normal considerando la alta incidencia delictiva y la necesidad de apoyo federal. Sin embargo, en Estados Unidos es una propuesta polémica, dado que puede cuestionar principios constitucionales; además, la mayor parte de las ciudades en referencia son gobernadas por demócratas y las acciones de violencia están asociadas en mayor medida a manifestaciones tras la muerte del afroamericano George Floyd el pasado el 1 de junio de 2020.
En tal escenario, el 16 de junio se propuso en Estados Unidos una orden ejecutiva que introduce varias reformas policiales, al tiempo que rechaza los recortes a fondos o desmantelar a la policía. Pero se considera desde la perspectiva del Partido Demócrata, que es insuficiente por la complejidad del problema, lo que se refleja en el hecho de que la violencia en Portland no se ha controlado totalmente.
Otro factor que se añade a este contexto, fue el fallecimiento del congresista demócrata John Lewis el 17 de julio pasado. El acto conmemorativo en el Capitolio en días pasados fue relevante, dado que el congresista Lewis de 80 años fue el último icono de los derechos civiles en Estados Unidos; además el acto fue un reconocimiento bipartidista por la participación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el líder republicano de la mayoría del Senado Mitch McConnell, quien reconoció al congresista como un “pacificador”.
La interrogante es cómo este hecho y en particular las movilizaciones en pro derechos civiles a raíz del caso del George Floyd, influirán en la votación electoral de noviembre.
El tema de la participación federal en las ciudades ha sido polémico en Estados Unidos, por la coyuntura electoral y los antecedentes recientes de violencia y discriminación racial. Por ello, los desafíos gubernamentales, son distinguir entre violencia delictiva y manifestaciones sociales y fortalecer la concurrencia federal en los casos que proceda, por ejemplo, seguridad fronteriza.
En este caso, esta coordinación es fundamental para las ciudades fronterizas estadounidenses, dado que el cierre de la frontera fue aduciendo riesgos de contagio de los migrantes del Centro de Enfermedades Contagiosas (CDC). Con este criterio, la frontera con México ha estado cerrada desde marzo – y todo indicaría que puede continuar hasta septiembre – a turistas mexicanos en una temporada vacacional, lo cual está afectando el crecimiento comercial del lado fronterizo estadounidense.
En este caso la negociación, concurrencia y planificación conjunta en materia de salud, economía y comercio fronterizo con el gobierno federal es clave, tanto por razones económicas y electorales. Un cierre de las fronteras con México y Canadá bajo un contexto electoral y con los evidentes efectos económicos, no sería muy benéfico al partido republicano.
Por ello se reitera la relevancia de la colaboración binacional y transfronteriza en materia de salud, muy exitosa en el 2009 con la gripe H1N1 y ahora muy limitada en materia de planificación y coordinación conjunta contra el Covid-19. Lo cual es una de las razones –entre otras- que explicaría la alta incidencia de personas contagiadas del lado fronterizo estadunidense (968,500 al 28 de julio) y en los estados de la frontera norte mexicana (69, 586).
De esta manera en la frontera sur se concentraría cerca del 24 % del total de contagios a nivel nacional (4, 401,599). En donde uno de los factores de contagio serían los cerca de 250 mil transmigrantes laborales que cruzan habitualmente a trabajar a Estados Unidos y regresan a México, al igual que los turistas estadounidenses que siguen cruzando hacia México desde marzo pasado, con protocolos sanitarios transfronterizos limitados.
El futuro económico de la frontera México- Estados Unidos en el corto plazo dependerá de fortalecer la colaboración transfronteriza en salud. Con ello también las cadenas de valor se verían beneficiadas con una frontera segura.
Otro caso polémico de colaboración federal fue con las ciudades santuario –donde se concentran la mayor parte de la población migrante irregular-. Recientemente -15 junio 2020- ha terminado un litigio judicial, con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos al dejar vigentes las normas en el estado de California que prohíben a la policía ayudar a las autoridades de inmigración a detener a migrantes irregulares.
Con lo cual los arrestos y detenciones de inmigrantes es una exclusiva competencia federal. De esta manera se reafirmó que el Gobierno federal, y no California, es el que tiene el derecho “de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y expulsados” del país.
La demanda del Gobierno federal se dirigía contra la ley SB 54, conocida como la “Ley de Valores” que el estado de California aprobó en 2017 para proteger a los inmigrantes y que a juicio del Ejecutivo federal violaba la Constitución porque trataba de prevalecer sobre la legislación federal. Por este debate legal que duro cerca de tres años, no se han dado las expulsiones masivas de migrantes hacia México.
En suma, los litigios para mantener los equilibrios de poderes siguen marcando la pauta de la democracia estadounidense en el marco de la pandemia y de las protestas por los derechos civiles.