Especialistas sugieren que ambos gobiernos tengan grupos de trabajo para evitar futuros impactos ambientales en los proyectos compartidos
NORTEAMÉRICA.- Ricardo Mena, quien es campesino en la población rural de Uayalceh (sur de Yucatán), quedó sorprendido cuando vio que su recibo de luz del periodo noviembre/diciembre 2014 —emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— sobrepasaba la cantidad de 600 millones de pesos, más de 30 millones de dólares.
La insólita noticia fue compartida inmediatamente en redes sociales, pues el señor Mena y su hija María Verónica comparten un terreno con dos humildes viviendas; una es de palma y estructura semicircular de cemento y, la otra, es una habitación de cuatro metros de largo, por cinco de ancho con techo de cemento.
De acuerdo con el video, en cada casa sólo hay un foco de 30 watts, los pisos son de tierra y cemento, y casi no hay muebles. Con esos datos era difícil de creer que su recibo arrojara ese gasto, por lo que decidieron presentar una queja. Posteriormente la Comisión explicó que se trató de “un error en el sistema de facturación” y la verdadera cantidad era de 240 pesos.
Este asunto quedó resuelto, pero no ha sido el único. Increíblemente, en gran parte del territorio mexicano existen cientos de testimonios como el de la familia Mena que no son atendidos.
Energías alternativas: entre el desarrollo y el impacto ambiental
El uso de nuevas tecnologías ha permitido generar electricidad a través de los recursos naturales. México cuenta con un amplio portafolio de energías renovables, gracias a sus condiciones geográficas y climáticas.
En diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México planea firmar un convenio con la empresa Hydro-Québec — propiedad del gobierno canadiense— para modernizar las centrales hidroeléctricas que existen en el país, a fin de producir energía “limpia” y con ello reducir el precio de la luz.
“El plan es potenciarlas, utilizar esa infraestructura, generar energía eléctrica con agua. Si es necesario (se deben) cambiar turbinas para generar, posiblemente con los mismos embalses, el doble de energía que estamos produciendo”, mencionó el mandatario.
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De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, en 2017 se generaron 329 mil162 GWh de energía eléctrica; pero sólo el 10% (31 mil 848 GWh) provino de las 86 hidroeléctricas que hay en el país. Ante estos datos, ¿valdría la pena relanzar estos proyectos?
En este acuerdo también es importante considerar los probables impactos ambientales a largo plazo.
Israel Cruz Ortega, doctor en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), menciona que —ante estas declaraciones— debemos reflexionar sobre la palabra “modernizar”. Su hipótesis es que estas hidroeléctricas posiblemente sean ampliadas.
Por tanto, se pregunta, cuáles podrían ser los acuerdos de este convenio, es decir, “vienes, modernizas, das capacitación y te vas. Entonces, ¿qué le toca a México? Cuáles son los beneficios y cuáles son los impactos; ecológicamente qué significa”.
En entrevista para Norteamérica, el especialista señala que las hidroeléctricas que entren en mantenimiento, necesitarán sistemas o programas de monitoreo de calidad del agua, de sedimentos y de los organismos que están dentro del agua.
“Otra cosa es la regulación de la contaminación de esos cuerpos de agua que mantienen las presas e hidroeléctricas. Se llega un aporte muy grande de contaminación (y) esa contaminación estancada produce metano, lo cual tiene un efecto contrario a lo que tú estás tratando de evitar, que es la producción de gases invernaderos y el metano es más potente que el dióxido de carbono”, agrega.
Entonces “en lugar de beneficiar, estás afectando. Ese sería un afecto secundario, porque tú tienes en buen mantenimiento tus represas, digamos, no te importa lo que viene de allá arriba, del río”.
Otro impacto importante, y que debe tomarse en cuenta, es el “desplazamiento de concentraciones humanas, porque si cortas el flujo de agua normal, cortas la de los ciclos minerales. Entonces ya no sirve el agua para regar o beber, por ejemplo. Por eso la gente tiene que desplazarse”.
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Por su parte, Luis Ángel Molina Hernández, biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que las hidroeléctricas ofrecen beneficios a la población humana; como bajar el costo de la luz. Sin embargo, señala que hay muchos problemas porque no se hacen los estudios ambientales pertinentes.
Al igual que Cruz Ortega, el experto señala que deberán supervisar el agua de las hidroeléctricas que pretendan modernizar para evitar la contaminación.
“No es lo mismo poner un cuadro de azúcar en un vaso y llenarlo, a poner ese mismo cuadro de azúcar en un cuarto de agua; igualmente los contaminantes como materia orgánica de las heces, los detergentes o todo lo que se tira al drenaje, regresan al agua. La concentración de bacterias es mayor, y esa agua se vuelve tóxica”, reitera.
En teoría —explica— una hidroeléctrica no genera emisiones de gases, pero si tu agua ya está muy contaminada, y la materia orgánica está echándose a perder, entonces sí estás emitiendo gases; un montón de cosas tóxicas que van a empeorar el calentamiento global. Otra suposición que plantea el experto y que debe tenerse presente, es la siguiente: ¿qué pasa si se acaba el agua?
“Por las mismas situaciones climáticas se está evaporando el agua, cada vez hay menos. El agua es tu combustible para producir energía eléctrica. Cada año hace más calor y menos frío; las temporadas de lluvia se están desplazando. Esa agua viene de la misma precipitación, de mantos friáticos y ¿si se acaba por la misma condición climática? Yo estoy poniendo panoramas que pueden pasar, y te lo digo porque lo hemos visto”, detalla.
Molina Hernández, al igual que Cruz Ortega, considera preocupante el término “modernización”, pues le suena más como una “acción política” que realmente mejorar alguna situación del país.
“Por tapar bocas, por quedar bien, hacen las cosas mal, y ya te gastaste el dinero de la gente. ¿Cuántos proyectos de ese tipo conoces que estén detenidos? Por ejemplo, la refinería que iba a estar aquí (Ciudad de México) en 18 de marzo. Y al Estado que vayas hay proyectos así parados, porque ya no es factible hacerlos o ya no te dan el beneficio que estás buscando”, acota.
Asimismo menciona que las hidroeléctricas ya están, “el impacto ya se hizo”, pero “si les van a añadir, agregar o excavar para hacer más profunda la cuneta, todo eso va a generar más afectación”.
Por su parte, Cruz Ortega agrega que uno de los mayores problemas en nuestro país es la corrupción: “México tiene un sistema de leyes ambientales bastante bueno, pero el problema es quién da los permisos y quién observa que se lleven a cabo”. Ante esto, “debe tomarse en cuenta si el convenio será transexenal, porque sino al rato llega otro y lo cambia”.
Ambos expertos concluyen que la mejor alternativa para evitar estos panoramas es contar con grupos de expertos tanto de México como de Canadá “para que monitoreen” este proceso de mantenimiento.
“Las leyes están y hasta cierto punto son buenas. Yo diría que vayan civiles y gente experta para que estén al pendiente. Siempre debe haber esa contraparte que esté supervisando”, concluye Molina Hernández.
Para aclarar las dudas generadas, se buscó la parte gubernamental. La Comisión Federal de Electricidad dijo que ofrecería información pero, hasta el cierre de edición, no emitió nada. Por su parte, la delegación de Québec en México respondió que, en este caso, “no somos los interlocutores con mayor información sobre el tema”.