Juanita Alonzo Santizo, una migrante indígena de Guatemala acusada sin pruebas de ser “pollera” (traficante de personas) será liberada en breve luego que las autoridades del ministerio público declararon que es inocente, después de pasar más de 7 años en prisión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aludió al caso hoy durante su conferencia matutina diaria, luego que la propia Fiscalía del estado norteño de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, que la culpaba de cargos por contrabando de migrantes levantó todos los cargos.
La mujer, de 33 años, perteneciente a la etnia guatemalteca maya chuj, que ni siquiera hablaba bien el español cuando salió de Guatemala, fue objeto de detención arbitraria y sometida a tratos crueles para que aceptara las acusaciones, de acuerdo con denuncias de sus defensores. “Hay todas las pruebas de que fue torturada”, señaló López Obrador, quien dijo que la Fiscalía de Tamaulipas ya admitió que el caso representa “una injusticia”.
Le pido al gobernador Francisco García, de manera respetuosa, que ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante”, señaló el mandatario, recordando que cuando Juanita fue detenida “no hablaba bien el castellano”. La historia de esta mujer comenzó a escribirse cuando salió de San Mateo Ixatán, Departamento de Huehuetenango, en agosto de 2014, en busca de una mejor vida hacia México y con destino a Estados Unidos, como muchos otros migrantes centroamericanos que huyen de la pobreza o la violencia.
El “pollero” que la cruzaría hacia Estados Unidos la mantuvo cautiva por varios días con otras dos personas en una casa de seguridad en un barrio de Reynosa, en Tamaulipas, hasta que en noviembre de 2014 policías ministeriales del estado irrumpieron en el lugar. De acuerdo con el relato de medios informativos, fue detenida porque abrió la puerta a los policías y otra persona cautiva en la vivienda la acusó tras ser amenazada por policías.
“¿Tú los estás cuidando?”, le preguntaron, pero ella dijo no haber entendido bien la frase porque no habla español. Entonces comenzó su calvario pues fue llevada con violencia a la comisaría, donde fue golpeada y amenazada para que confesara su responsabilidad como cómplice en el contrabando de personas y se le hizo firmar documentos que la involucraban en secuestro. Al no contar con abogados que la defendieran ni servicio médico, se le colocó en una posición en la cual no estaba en condiciones de contradecir a la Fiscalía y sólo pudo tener acceso a un intérprete cuatro años después de su detención.
En la cárcel, le recomendaron que dejara de firmar documentos que le llevaba el ministerio público porque eso solo empeoraría su situación. “Esos papeles yo no los entiendo”, le dijo a una de sus compañeras en la cárcel, quien le recomendó que buscara ayuda legal y que dejara de firmar los papeles que le llevaban, porque la hacían creer que eso le ayudaría a ser pronto liberada, según contó en una entrevista al diario mexicano Milenio. “Yo pensaba que estaba firmando esos papeles para que me dejaran salir, yo no sabía que me iban a llevar al penal.”
“Nombre, cuando iba aprendiendo me enteré y sentí bien feo”, afirmó la mujer, que teje bolsos y trabaja en una tienda dentro del complejo penitenciario. El momento providencial para ella llegó cuando su caso llamó la atención de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ante la cual la familia de Juanita presentó denuncias por tortura. En Guatemala, la ONU logró el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el ministerio de Relaciones Exteriores para que abogaran a su favor. Pedro Alonzo, su tío, dijo a Milenio que “venimos luchando para que se tomen en consideración” de su inocencia y que “las autoridades dejen libre a Juanita y se haga justicia”. “Hasta que no salga de la cárcel no estaremos felices con toda la familia. Tenemos que luchar por ella día y noche, sea como sea, para sacarla de donde está”