La Línea 12 se cayó porque fue construida sin licitar por Ebrard (con errores de diseño, controles administrativos y falta de inspecciones preventivas) y Sheinbaum no le dio mantenimiento, por seguir la política de ahorro de la 4T, y tener dinero para conseguir votos.
Es lo que resume el informe de Det Norske Veritas (DNV) sobre el desplome de hace un año, y que ha hecho que la Jefa de Gobierno huya hacia adelante al grito de “al ladrón, al ladrón”, anunciando una demanda civil contra la consultora noruega.
Es decir: el accidente que, el tres de mayo de 2021, dejó 26 muertos y un centenar de heridos, lleva a fuego la marca del actual gobierno: otorgar obras a dedo y llevar la auteridad a un nivel francamente temerario, para pagar los programas sociales.
El gobierno federal del cual hoy Ebrard es canciller y precandidato presidencial, entrega a empresas favoritas las obras públicas, sin competencia con otras. Como Jefe de Gobierno, Ebrard construyó la Línea 12 sin licitaciones, para beneficiar a empresas predilectas.
Ebrard le dio la obra civil (28 mil millones de pesos) a ICA-Carso-Alstom y la construcción de los trenes (18 mil millones de pesos) a la española CAF. Por el camino, las constructoras aumentaron tanto los costos que acabaron estafando a los capitalinos.
Y, los capitalinos que pagan impuestos, siguen cubriendo con sus erogaciones al SAT el costo de la Línea-12, por la cual el actual gobierno de la CDMX desembolsa anualidades de mil 300 millones de pesos para pagar la deuda que a las empresas constructoras.
Es ahí donde debería estar una de las lecturas de la tragedia de la Línea-12: en la estafa, la corrupción y la opacidad que pueden provocar el abuso en los otorgamientos de obras del gobierno, sin llevarlas a concurso público que abra el abanico de la comptencia.
En 2020, el actual gobierno otorgó nueve de cada 10 contratos sin licitación de por medio, como establece la ley, y cometió irregularidades al registrarlos en el sistema CompraNet, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación.
En 2021, persistió el uso excesivo de las adjudicaciones directas (ocho de cada 10 contratos), provocando la presencia de empresas fantasma y corporaciones favorecidas sistemáticamente, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Otra lectura de la tragedia está en que, por mucho que se ahorre en obras públicas para meterle a programas clientelares, el costo para los más pobres es enorme, pues en México hay 22 millones de beneficiarios de estos programas y hay 52 millones de pobres.
O sea, dejan a 57 por ciento de los más pobres sin apoyos…
Y se les cae el Metro.