Una propuesta de congresistas en México pretende que quienes tengan antecedentes como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género no puedan trabajar en el gobierno o aspirar a cargos de elección popular
MEXICO.- “Pues me case contigo pa’ mí no para que andes enseñando”, dijo el senador Salvador García en tono molesto a su esposa Mariana Rodríguez durante una transmisión en vivo en su perfil de Instagram donde ella “enseñaba mucha pierna”.
Aunque posteriormente pidió disculpas, las críticas le llovieron en redes sociales. Una de las más importantes saltó entre sus propias compañeras congresistas respondieron con la propuesta #3de3vsViolencia en la Cámara de Diputados con miras a evitar que el machismo llegue el poder.
La idea es que una ley prohíba a quienes tengan antecedentes, denuncias y/o sentencias, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género en el ámbito familiar no puedan aspirar a ninguna función pública, cargo de elección popular o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres explicó que primero se llegaría a un acuero con el Instituto Nacional Electoral (INE), y en segundo lugar con una ley.
“Ya no se puede seguir permitiendo que quienes tienen una función pública, un cargo de representación popular o son responsables de garantizar el acceso a la justicia, sean acosadores, hostigadores, agresores o deudores alimenticios”.
Afirmó que esta iniciativa no busca perseguir a los hombres, sino hacer realidad lo establecido en el artículo primero constitucional, que es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. “Estaríamos dándole la posibilidad a todas las mujeres y todos los ciudadanos de tener mejores funcionarios públicos, jueces y representantes populares”, precisó.
Resaltó que los pactos de impunidad entre los hombres también se ven al interior de los partidos políticos, por ello, es vital esta iniciativa.
“Para mí, no es suficiente el haber regulado la violencia política como lo hicimos, es un avance, pero tenemos que establecer nuevos requisitos para aquellos hombres que quieren ser representantes populares o ser designados para una función en la administración pública y en el Poder Judicial”, enfatizó.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, estimó que esta iniciativa tiene el reto de generar los mecanismos que permitan contar con toda la información necesaria, a fin de que ninguna persona que tenga antecedentes de violencia en estos tres aspectos puedan ejercer algún cargo público.
Para ello, urgió a una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la conformación de un registro nacional de aquellas personas que han incurrido en violencia política por razón de género y ordenar al INE la integración de una lista como una medida que contribuya a proteger a las mujeres.
Según cifras oficiales, las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por su pareja o expareja, solamente el 17.8% de las casadas denuncian y el 37% de las que ya están separadas.