NORTEAMÉRICA.- Cuando el 4 de enero de 2018 el Procurador General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, emitió un memorando que terminaba con la política federal de tolerancia a la posesión y consumo de mariguana, nunca pensó que desataría lo que de hecho se ha convertido en un “choque de trenes”.
Sessions esperaba que al dar libertad a fiscales y agentes antidrogas para actuar conforme a la ley, los galvanizaría para combatir con mas eficiencia lo que considera como una plaga.
Pero ese mismo mes, el estado de Vermont anunció la legalización de la mariguana y ciudades como Albuquerque (Nuevo México), Savannah (Georgia) y Baton Rouge (Lousiana) ejecutaban su propia descriminalización.
Sessions y la renovada política de “mano dura” del gobierno del presidente Donald Trump tropezaron de entrada con el senador republicano Corey Gardner, que amenazó con bloquear todas las nominaciones judiciales hasta que logró un compromiso de que no habría interferencia con la industria legal de mariguana en el estado de Colorado, donde en 2017 hubo ventas por mas de 1,500 millones de dólares que resultaron en unos 237 millones de dólares en impuestos locales. Un estudio preliminar, indicó que la legalización de la mariguana en California podría representar un aumento de cinco mil millones de dólares en la economía estatal.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció que presentaría una propuesta para legalizar el uso industrial de una planta similar a la mariguana y el demócrata Charles Schummer, jefe de la minoría, anunció que propondría eliminar la mariguana de la lista de “sustancias controladas”.
Así, Sessions bien podría ser “lo mejor que haya pasado al movimiento para reforma de las leyes de mariguana en Washington”, afirmó la activista Maria McFarland Sanchez Moreno en un mordaz artículo publicado por el diario USAToday.
Mariguana si, pero…
Las cosas no son tan simples, evidentemente. La guerra contra la drogas del gobierno federal estadounidense sigue con tanta enjundia como en cualquier momento de los últimos 30 o 40 años. El aeropuerto de Los Angeles (California) puede haber despenalizado la posesión de pequeñas cantidades de mariguana, pero el gobierno federal es el que regula el acceso a aviones y el poseedor de la droga puede verse en problemas.
Mas aún, durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York el pasado septiembre, el presidente Trump exhortó al resto del mundo a colaborar contra las drogas. Trump ha sido expresamente duro hacia lo que considera como la epidemia de los “opioides” pero no exenta otras drogas, aunque según el senador Gardner prometió que su gobierno se abstendría de interferir en los estados donde ya hay mariguana legal, sea para consumo médico o para el lúdico.
De hecho, en Estados Unidos ya son 29 los estados que han descriminalizado o legalizado la mariguana en cualquiera de las dos variantes o en ambas, y un estudio del grupo New Frontiers, divulgado en enero, aseguró que si la hierba fuera legalizada a nivel federal, para 2025 produciría unos 131 mil millones de dólares en impuestos anuales y 1.1 millones de empleos.
“Reefer Madness” en Canada… y Wall Street
En ese sentido los estadounidenses ven con atención lo que pase en su frontera norte: el 18 de octubre Canadá se convierte en el segundo país del mundo con mariguana legal. El primero, Uruguay, lo hizo en 2014.
Pero el caso canadiense es dramático, no solo porque es el primer país desarrollado que lo hace sino porque es vecino de los Estados Unidos, que promueve una guerra internacional contra las drogas mientras no solo es el principal consumidor sino que alberga un creciente movimiento por la legalización de la mariguana, que sus estudios consideran como la “entrada” a otras mayores.
La inescapable realidad en el año 2018 es que la legalización de la mariguana en Canadá provocó una explosión de entusiasmo, no solo entre los consumidores en una industria que se estima en unos seis mil millones de dólares anuales, sino entre inversionistas en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde la cotización de empresas canadienses dedicadas a mariguana terapéutica está en bonanza.
Una de esas empresas, Tilray, vale ahora 20 mil millones de dólares…
Hace 60 años el título de una película, “Reefer Madness” (locura de mota) hacía referencia a los presuntos efectos enloquecedores de la mariguana y reflejaba la actitud de una sociedad escandalizada.
Hoy bien podría referirse al optimismo de muchos inversionistas sobre las perspectivas de negocio de la mariguana, sea para uso médico o para consumo lúdico personal.
De acuerdo con el cálculo de la gubernamental Statistics Canada (Estadísticas de Canada) la venta legal de mariguana excederá ligeramente los un mil millones de dólares entre el 17 de octubre y el 31 de diciembre.
El cambio de actitudes públicas respecto a la mariguana parecería sólido: la legalización ha seguido su avance y es una industria floreciente en varios estados, incluso los pioneros California y Colorado.
En México hay un creciente movimiento hacia la legalización de la mariguana, autorizada ya para usos medicinales en varias entidades, incluso la Ciudad de México, donde no es raro captar el olor de la yerba al caminar por avenidas o calles. Hay también opiniones en torno a regular otras drogas como medio para terminar la costosa y sangrienta guerra que afecta al pais ya hace una década.
Pero al mismo tiempo, la lucha contra las drogas encabezada por Estados Unidos parece haber tenido mas éxito en beneficiar al narcotráfico y la rival industria de lucha antinarcóticos que en reducir la producción, el tráfico y el consumo ilegal de narcóticos.
Y así como hay intereses en favor de la legalización de la mariguana los hay en contra. Ciertamente hay una oposición política y moral, si se quiere, con grupos especialmente conservadores ideológica y éticamente adversos a la regularización del consumo de drogas en general, mariguana en concreto.
Pero hay también una industria, que va de lo policial a la de curación y tratamiento, de prisiones a medicinas, que tiene interés en mantener una “guerra contra las drogas” que según el juez James P. Gray, un connotado jurista independiente de California, “no puede ganarse, pero es eminentemente financiable”.
Para el ex-“Zar Antidrogas” Gil Kerlikowski, “una vez que el gobierno establece una multitud de agencias federales y estatales para cumplir una misión con miles de millones de dólares en financiamiento, la creación de miles de empleos bien pagados (salarios iniciales, por ejemplo, de los nuevos agentes antinarcóticos federales es de unos 60,000 dólares por año), ¿cómo les dice que la guerra no funciona y que ya no son necesarios? Si desea mantener su cargo político, municipal, estatal o federal, no lo hace”.
Y eso es solo la “punta del iceberg” de un complejo económico mayor, que entre otros incluye prisiones y centros de tratamiento.
RECUADRO POSIBLE:
La guerra contra las drogas ocupa un espacio político propio en los Estados Unidos, donde la Agencia Antinarcóticos (DEA-Drug Enforcement Administration) libró una verdadera guerra burocrática para limitar la entrada de otras agencias.
Un reporte del Servicio de Investigación de Congreso (CRS) estadounidense sobre la evolución de la DEA podría ilustrar el punto.
En 1973, la recién creada DEA comenzó su trabajo con 1,470 agentes especiales y un presupuesto anual de 74.9 millones de dólares. Para 1975, estas cifras aumentaron a 2,135 agentes especiales y un presupuesto anual de 140.9 millones. En su inicio, la DEA también empleó químicos, analistas de inteligencia, investigadores de desviaciones y otro personal involucrado en operaciones de drogas. En el Año Fiscal 2014, la DEA tenía más de 9,000 empleados de tiempo completo y su presupuesto era de aproximadamente dos mil millones.