NORTEAMÉRICA.- La caravana de migrantes de Honduras es reflejo de la flexibilidad de la política de seguridad nacional y fronteriza del Estado mexicano, misma que genera tensiones con el gobierno de Estados Unidos que en respuesta ha fortalecido la seguridad fronteriza, una situación inaudita en los últimos 40 años.
La ausencia de una eficaz política preventiva del Estado mexicano tiene como consecuencia el fracaso del Programa Especial de Migración (PEM) que promovió la administración federal pasada como un mecanismo transversal y multisectorial, que daba seguimiento al cumplimiento de programas y acciones específicos en materia migratoria con un enfoque intergubernamental.
Consolidaba, además, el esfuerzo que gobierno y sociedad civil realizaron en conjunto para promover, monitorear y evaluar la coordinación y coherencia institucional para la atención integral al fenómeno migratorio en México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
El PEM promovía la corresponsabilidad migratoria con Centroamérica y una migración ordenada y segura hacia los países vecinos. Estos propósitos también se reiteraron en la 26 Cumbre Iberoamericana efectuada en Guatemala en noviembre pasado.
En efecto, los presidentes, Jefes de Estado y representantes de los 21 países asistentes a la Cumbre Iberoamericana, firmaron la Declaración de Guatemala.
En esta declaración se planteó la necesidad de tener políticas migratorias que garanticen la movilidad migratoria y que esta se haga de forma segura y ordenada ante el incremento de migraciones masivas que a pesar de todo siguen con igual o mayor intensidad hasta llegar a la tensión que actualmente se vive en Tijuana.
Tijuana tiene alrededor de 70 mil cruces diarios transfronterizos con la frontera de San Diego y la aparición de grupos antiinmigrantes en la zona reflejan la dificultad de los actores gubernamentales de gestionar una agenda diversa y multinivel que incluya, por un lado, el derecho de emigrar y los derechos humanos y, por otro, la seguridad pública y fronteriza, el presupuesto para la asistencia social así como los efectos laborales y turísticos
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El Programa Intersecretarial para la Atención de Migrantes Centroamericanos en Tijuana, dado a conocer por la Secretaría de Gobernación a principios de diciembre, se orienta en ese sentido, pero parcialmente porque concederá atención primordial a la revisión de albergues y la seguridad de los migrantes, pero la coyuntura del problema demanda acciones de política pública más integrales en el corto y mediano plazo si continúan los flujos migratorios y la lentitud de atención al asilo por parte de Estados Unidos.
La Organización Internacional de las Migraciones sugiere una la participación integral que incluya a los gobiernos, las asociaciones de migrantes, las autoridades locales, los organismos internacionales (ACNUR, Amnistía Internacional y ONU), las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de empleadores, la comunidad académica y el sector privado. Todos gestionados bajo un eficaz proceso de gobernanza.
Un indicador de la integración entre Tijuana y San Ysidro, CA se manifiesta en el hecho de que según Jason Wells, presidente de la Cámara de Comercio de San Ysidro, CA. “El 93% de nuestros clientes son mexicanos”.
Un tercio de toda la facturación del año en esta zona comercial se hace entre el 20 de noviembre y el 6 de enero. Wells calcula que solo ese día los comerciantes de San Ysidro perdieron 5,3 millones de dólares por la política de seguridad fronteriza del Gobierno de Trump de cerrar unas horas la frontera con Tijuana (El País, 2 diciembre, 2018).
En suma, en la coyuntura del cambio presidencial en México se espera una cierta tensión con Estados Unidos y de mayor polarización social en Tijuana por el interés de los migrantes centroamericanos de cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos.
Para la administración de Trump la coyuntura actual es una oportunidad para visibilizar la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza y demandar mayor presupuesto para la frontera. Temas en los que generalmente han coincidido tanto demócratas como republicanos.
De ahí el dilema para México: promover el derecho de migrar, eficaz respeto de los derechos humanos tanto de connacionales como centroamericanos y mantener las prioridades binacionales en el marco de la Frontera del Siglo XXI: fortalecer la seguridad y paralelamente la agilización de los cruces fronterizos (autos, personas y mercancías).
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