Los 69,237 indocumentados que fueron detenidos o considerados inadmisibles en la frontera sur en el que es el peor mes de octubre en años muestran una clara tendencia al alza en los últimos meses de mandato del presidente Donald Trump, que presumió al inicio de su presidencia de haber acabado con la migración ilegal.
Hace cuatro años, en el último mes de campaña antes de las elecciones de 2016 en las que Trump usó la inmigración como una de las principales bazas electorales, la cifra de indocumentados fue de 66, 842, muy similar al octubre pasado, cuando el equipo del presidente presumía del éxito de sus medidas, incluido el avance de la construcción del muro fronterizo.
En octubre, un total de 66,337 personas fueron detenidas en los puertos de entrada en la frontera suroeste, en comparación con las 54,771 en septiembre y las 47,283 de agosto, según datos hechos públicos este jueves por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero sin la habitual teleconferencia o comunicado para destacar los logros.
A esos detenidos hay que agregar las 2,900 personas que se presentaron en los puertos de entrada en la frontera suroeste y fueron consideradas inadmisibles, en comparación con las 2.903 de septiembre y las 2.731 de agosto.
Si bien es cierto que en los primeros meses de 2017 y de mandato del presidente las cifras de cruce fronterizo cayeron dramáticamente por el llamado “efecto Trump”, la situación ha ido cambiando paulatinamente y desde abril pasado, cuando se registró otro bajón por la incidencia de la pandemia, el número de inmigrantes que llega a la frontera sur no ha parado de subir.
Ahora que le quedan poco más de 50 días en la Casa Blanca, se ve un panorama muy distinto al que Trump presumía y que iba a lograr con su batería de medidas destinadas a reducir la inmigración ilegal, entre ellas la separación de familias y la casi suspensión del asilo.
Ni siquiera en octubre de 2007, cuando se detuvieron a 60,713 migrantes durante la crisis centroamericana, se habían llegado a las cifras de este inicio del año fiscal 2021.
Pero esta situación se agravará todavía más, aseguró a Efe la activista Carmen Cornejo.
“Son varias situaciones que están sucediendo en este momento histórico, por un lado la falta de inversión hacia los países centroamericanos y sudamericanos. La pandemia ha devastado las economía locales, y ya estamos viendo las consecuencias devastadoras de los cambios climáticos” con la llegada de los huracanes Iota y Eta, dijo la analista política.
Mencionó que estas condiciones, sumadas a las “malas” políticas de la administración de Trump, que nunca fueron generosas con los países centroamericanos, llevarán a un aumento vertiginoso en la migración hacia Estados Unidos en los próximos meses.
“Estos países se verán presionados por la necesidad y la migración seguirá en aumento. Esperemos que la administración de Joe Biden promueva la inversión para que tengan un cambio económico y la gente vea esperanza en sus países y no sienta la necesidad de emigrar como la única opción para su futuro”, destacó.
Como ejemplo del panorama actual y futuro, este jueves agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande aprehendieron a cien inmigrantes en distintos operativos, procedentes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Y todo a pesar de la construcción de una nueva sección del muro fronterizo en el área, por mucho que la administración de Trump se ha empeñado en resaltar la supuesta eficacia.
Cornejo difiere de tal aseveración y señala que no ha funcionado y además “fue construido de una manera completamente irregular, devastando el flujo natural, invadiendo regiones sagradas de nativos y con serias fallas estructurales”.
De los 66,337 detenidos, un total de 59, 683 fueron expulsados del país de manera expedita en cumplimiento del llamado “Título 42”, por el cual desde marzo pasado los agentes federales pueden expulsar a los inmigrantes argumentando una supuesta emergencia sanitaria por la covid-19.
En marzo pasado, el vicepresidente Mike Pence ordenó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) usar sus poderes de emergencia para sellar eficazmente las fronteras de Estados Unidos, a pesar de las reticencias mostradas por la principal agencia sanitaria del país, según reportes de prensa.
Tras esta acción sumamente criticada, un juez federal ordenó esta semana al gobierno de Trump que suspenda la expulsión de niños migrantes no acompañados detenidos en la frontera sin permitirles hacer peticiones de refugio o asilo, asestando un duro golpe a las medidas impuestas por la administración por la emergencia sanitaria.
En la orden, el juez advertía que los niños migrantes no acompañados que son detenidos por agentes fronterizos deben recibir las salvaguardias que el Congreso estableció para ellos y colocarlos en refugios supervisados por el Gobierno durante sus procedimientos de inmigración.
“El gobierno de Trump tomó el modelo de separación ya implantado y lo llevó a un extremo horripilante e inhumano, es un atrevimiento deportar a los niños sin ningún familiar, a la buena de Dios. Esto dio como resultados padres no encontrados, niños perdidos, menores que están bajo custodias dudosas o en entornos equivocados, como en hoteles”, denunció Cornejo