NORTEAMÉRICA.- “No sé qué hacer”, expresó desesperada Catalina Manzano, la cual tuvo que dejar el lugar donde nació y creció, un poblado indígena llamado Chinanteco de La Soledad, municipio de San Juan Lalana en Oaxaca; para poder tener la oportunidad de un trabajo mejor pagado en el Distrito Federal. Tanto ella como su esposo decidieron viajar fuera de Oaxaca en busca de mejores oportunidades, ella a la capital del país y él a EUA.
Por si fuera poco verse obligada a vivir lejos de su esposo y lejos de su lugar de origen, el hogar por el que trabaja tan duro y en el que alguna vez vivió, está siendo arrebatado de las manos de Catalina, “¡nos quieren quitar la casa!”, aseveró preocupada.
¿Por qué está a punto de perder su hogar? Porque en comunidades como Chinanteco de la Soledad, existe una ley de usos y costumbres que estipula que al no realizar un servicio social o no pagar una cuota establecida en la Asamblea Comunal, puede hacer que los habitantes pierdan sus patrimonios.
El problema es que esta comunidad, escondida entre la montaña noreste de Oaxaca, está a largas 12 horas del Distrito Federal y Catalina Manzando no puede viajar a Chinanteco de la Soledad cada vez que la asamblea se lo pide, ya sea para pagar cuotas o realizar servicio social.
Tras recibir una llamada urgente de su madre “si no vienes ahora, te lo quitan”, se vio obligada a dejar su trabajo de niñera y limpiadora, para defender el patrimonio que fue suyo desde que nació. Su esposo la apoya incondicionalmente, preso de la impotencia por no poder hacer nada ya que no puede salir de Estados Unidos por ser indocumentado.
Catalina no estaba sola en el Distrito Federal, la acompañaban sus hermanas y sus hijos de 13 y 10 años a los cuales dejó encargados con sus tías y se despidió para poder iniciar el viaje en defensa de su patrimonio.
Cuando llegó a San Juan Lalana, se encontró con el comisario, el cual le entregó una carta previamente redactada en la que ella debía aceptar una multa de alrededor de 1,000 dólares, además de renunciar a su propiedad y el destierro. Todo debido a que durante unos años no pagaron la cuota de cooperación en la escuela (en donde sus hijos no estudian) ni realizaron trabajo comunal.
Catalina no podría volver por ningún motivo a su comunidad, en donde reside su madre, “sí queremos pagar la multa, pero ellos quieren que no volvamos al pueblo así muera mi mamá”. Al negarse a firmar el documento, fue metida presa durante 24 horas.
El origen de estas leyes de usos y costumbres viene desde 1994, cuando el levantamiento del EZLN, generó entre sus muchas acciones, que el congreso mexicano reconociera el libre albedrío de las comunidades autónomas para regirse bajo sus propias leyes, incluso si muchas de éstas llegasen a violar los acuerdos internacionales que México sostiene.
El caso de Catalina no es el primero que se registra entre las comunidades indígenas de Oaxaca. En los últimos años, alrededor de 6,000 migrantes de la entidad perdieron sus patrimonios, terrenos y bienes bajo estas condiciones legales locales, aseguró Rufino Domínguez, director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM).
“Hay una clara violación a los derechos humanos cuando se arrebata a los migrantes el producto de su esfuerzo y el cariño que demuestran al invertir y conservar sus propiedades en sus lugares de origen”, afirma Domínguez y argumenta que estas acciones dan pie a una controversia constitucional, sin embargo hasta ahora ninguno de los afectados ha demandado.
Domínguez externa que el gobierno del estado trató numerosas veces de negociar con la gente de las comunidades para hacer más flexibles sus normas, pero se muestran tercos “las autoridades comunales se ponen necios e inflexibles”.
Domínguez trató personalmente de mediar las desorbitantes multas que se imponen a los migrantes “algunas veces acceden a bajar las cuotas, pero a veces quieren hasta 6,000 dólares o más para no confiscar las casas o tierras”.
En la actualidad, poco más de 250 migrantes de comunidades como Santo Domingo Yodohino y San Juan Yumí que viven en Georgia, Florida, Dakota y California; están a punto de perder sus bienes, según el IOAM no hay mucho que se pueda hacer fuera de la negociación, porque la ley protege a las Asambleas Comunales y sus normas, por más intolerantes que éstas sean.