NORTEAMÉRICA.- El cierre parcial del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos terminó después de 35 días, pero la posibilidad de que vuelva a ver otra paralización se cierne sobre el país.
Al Congreso le quedan dos semanas para que vuelvan con un nuevo acuerdo sobre el financiamiento para construir el muro en la frontera que exige Trump.
El presidente se ha mostrado escéptico de que puedan lograr un compromiso bipartidista a su gusto para el 15 de febrero, la fecha límite fijada. Si el Congreso no le aprueban los fondos para su muro, el presidente Trump ha advertido que cerrará el gobierno por segunda vez. O bien, declarara una emergencia nacional para construirlo sin la aprobación del Congreso.
Está dispuesto a hacer lo que sea para, según dice, hacer más segura la frontera con México. El cierre parcial del gobierno le ha costado al país casi 6,000 millones de dólares, más de lo que Trump pide por el muro.
El 22 de diciembre, el presidente ordenó la semi paralización del gobierno cuando los demócratas no le quisieron aprobar en la ley de presupuestos, 5,700 millones de dólares para construir una valla de acero. El muro es un promesa que hizo en campaña y que aseguró que México pagaría por ella.
El histórico impasse que terminó el 25 de enero, tuvo un alto costo en popularidad para el presidente. Una encuesta de la televisora NBC reveló que el 50% de los estadounideses lo culpaban de la paralización gubernamental mientras que un 37% a los demócratas.
Durante un mes, 800,000 empleados federales fueron enviados a su casa sin derecho a recibir su cheque salarial. Otros fueron forzados a trabajar bajo la promesa de pago.
Durante el cierre de gobierno, Ray Alcalá, un veterano de la armada y empleado federal en Estados Unidos, hizo público en su cuenta de Twitter que el pago de su automóvil y la hipoteca se le vencía el 1 de febrero. El problema es que no tenía con qué pagar. No había cobrado su salario el mes de enero, y en su cuenta de ahorros solo le quedaban 11.37 dólares.
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“¿Cuándo se va terminar esto? Mis hijos confían en mí para llevarles comida a la mesa”, publicó en Twitter. Los contratistas del gobierno federal tampoco pudieron cobrar los servicios prestados.
El 27 de diciembre, Julie Burr, una madre soltera de la ciudad de Kansas, trabajadora por contrato del gobierno federal, abrió una cuenta en el sitio GoFundMe para recaudar fondos para sostener a sus dos hijos durante el cierre. Su meta era conseguir 5,000 dólares, pero en un mes logró donaciones por 12,200 dólares.
Algunas agencias incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional operaron con niveles mínimos de personal. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dejó de hacer inspecciones de alimentos, por lo que se alertó a la población a tener mucho cuidado con el consumo de alimentos crudos, carnes procesadas y ciertos vegetales para evitar un brote de enfermedades por comida contaminada.
Las familias pobres que dependen de los cupones de alimentos del gobierno federal, estaban con los nervios de punta temiendo verse en problemas para alimentarse, si el cierre continuaba.
El paro afectó en cosas aparentemente mínimas como no poder presentar una queja a nivel federal en asuntos tan graves como el robo de identidad. Los negocios no podían sacar permisos federales. Los parques nacionales, zoológicos y museos estuvieron cerrados, y en algunos casos ofrecían servicios limitados. Los fondos federales para los programas destinados a las víctimas de violencia doméstica cesaron. Los desayunos escolares estuvieron a punto de agotarse.
Miles de inmigrantes vieron frustrados como sus audiencias ante un juez, se suspendieron debido a que las cortes de migración cerraron. A Daniel Mendoza Centeno, un inmigrante mexicano, le cancelaron su audiencia final para decidir si le aprobaban o no la residencia en una corte de migración a principios de enero.
Había esperado dos años, ilusionado de que al fin saldría de las sombras en las que ha vivido desde 2005. Ahora su abogado, le ha dicho que probablemente se tarden otros dos años para que le fijen fecha en la corte federal de migración. En las últimas semanas del cierre, las largas líneas de espera y retraso en los vuelos comenzaron a darse en los principales aeropuertos del país.
El miedo a otro cierre de gobierno para el 15 de febrero es tan real que algunos trabajadores federales están ahorrando cada dólar que pueden y abasteciéndose de alimentos como cuando un poderoso huracán se aproxima. Otros de plano están siendo tentados a buscar empleo en otra área. Nadie sabe si será posible evitarlo.