La nueva escalada del gobierno contra los medios es la persecución fiscal mediante cobros millonarios de impuestos, y el embargo de los pocos que no controla: lo que sigue es el cierre total y la violencia contra periodistas.
A la par, obligará a registrarse ante la policía a quienes reciben recursos de organismos internacionales, con la idea ideológica de convertirlos en parias antipatrióticos, porque recibir fondos de afuera “es inmoral”.
En ese nivel superior de dictadura está el gobierno del matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, negado además a realizar el próximo año elecciones libres.
La medida contra medios es similar a la tomada aquí por el gobierno contra la revista Nexos, al imponerle una multa de 940 mil pesos por una irregularidad administrativa resuelta hace dos años en una publicidad de 74 mil pesos.
Y la disposición contra el financiamiento del extranjero se parece a la crítica del presidente en México a medios como Animal Político, que reciben apoyos económicos de fundaciones como Ford y Kellogg.
En Nicaragua, la empresa Nica Visión S.A (operadora de Canal 12) fue avisada de una supuesta deuda de 600 mil dólares en sus impuestos de 2011, 2012 y 2013, y le fueron embargados los bienes.
Antes, el gobierno había sacado del aire en Canal 12 programas críticos como Esta semana (dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro) y sus reporteros y camarógrafos atacados por turbas en la calle.
El acoso fiscal a medios críticos llegó a tal ridículo que el gobierno multó al Canal 100% Noticias, al cual expropió hace dos años, pero había olvidado que se lo había apropiado. Y está en proceso de incautar a Canal 10, el más visto del país.
El matrimonio sátrapa está por cerrar la pinza contra la prensa libre: objetivo esencial del populismo, aunque lo consiga por diferentes caminos, como hizo el chavismo en su momento, o lo está haciendo aquí la autollamada Cuarta Transformación.
El chavismo fue eliminando medios, expropiando el negocio de importación de papel periódico, controlando líneas editoriales, obligando a los dueños a venderle a testaferros suyos, hasta prohibir por completo el derecho de información y expresión.
En México, hoy, son pocos los medios tradicionales que defiendan su independencia: la “4T” ejerce dominio notable; mientras a cuatro televisoras les paga 450 millones de pesos por transmitir clases de educación pública durante la pandemia.
Exceptuando a muchos articulistas, al gobierno se le facilitó tanto el control de portadas, noticarios y de líneas editoriales que, si no se va definitivamente contra algunos, es para tener enemigos y que el presidente pueda acusarlos por ser “el más atacado de la historia”.
Pero Ortega y el chavismo tardaron años, eh. Mientras aquí la “4T” va rapidísimo.