CALGARY.- En Horn River Basin, una remota población al noreste de Alberta, indígenas de la Cuarta Nación Fort Nelson (FNFN, por sus siglas
en inglés), una de las 39 tribus originarias de Canadá, se revuelven en la
inconformidad frente al nuevo Tratado Comercial entre su país, Estados
Unidos y México, que podría dejarlos sin la actividad principal que les da
de comer: la pesca.
No es una lucha reciente como sí lo es la cláusula 69 del TEC-MEC—UMSCA en inglés que cedió el gobierno encabezado por el liberal Justin Trudeau en las
complicadas negociaciones del viejo Tratado de Libre Comercio, sino una
batalla de antaño por el volumen de agua que requiere la extracción de
petróleo y gas natural así como contra la contaminación del río.
“De la salubridad del río depende toda la vida de las tribus originarias
locales”, advirtió un amplio reporte publicado el año pasado por la
organización civil Policy Alternartives.
A ojos de los nativos de la región (con la cual coinciden algunos políticos y
ambientalistas) a través del artículo 65 del TEC- MEC, Estados Unidos
“adquiere poder” sobre el petróleo, el gas natural y otros recursos
energéticos canadienses .
La abogada Cyndee Todgham, especializada en acuerdos comerciales,
advierte que el artículo “impone a Canadá” la obligación en compartir sus
recursos.
“Restringe la capacidad legal de regular la extracción en tierras
petroleras. Esto quiere decir que entre mas petróleo o recurso energético
se exporte, el país está más está obligado a hacerlo, independientemente
de las necesidades domésticas”.
En los últimos años, la energía exportada desde Canadá a EU aumentó
527% con lo cual se convirtió en el más grande exportador de crudo hacia
su vecino del sur, por lo cual, no podrá cumplir con los acuerdos de París
(2017) para reducir las causas que provocan el Efecto Invernadero, una de
las causa del calentamiento global que no fue avalado por los países más
contaminantes: China, Estados Unidos, Alemania y Rusia.
“No podrá reducir sus emisiones porque no tendrá control sobre su
producción petrolera”, agregó Todgham.
El problema es que para extraer el oro negro que se encuentra debajo de
los bosques en Alberta, por ejemplo, se utiliza un proceso en que tiene que
ser separada la tierra, arena y asfalto usando productos químicos, gas
natural y agua que termina contaminada y almacenada en cuencas.
Un estudio realizado por la Universidad de Stanford en California concluyó
que la extradición de arenas butaminosas, implica cinco veces más
emisiones de carbono que el promedio.
Y si Canadá mantiene la proporcional regla a la que ha sido impuesta en
USMSCA desde ahora hasta 2050 produciría 1488 más megatones de
emisiones de carbono, el doble de lo que produce actualmente y hasta 12
veces más para el año 2050.
Desde la trinchera que les da derecho a la consulta informada como
pueblos originales, los nativos canadienses apuestan por una batalla legal
ante los temores de que, para que Canadá cumpla con los nuevos
compromisos adquiridos, se podría reactivar el frustrado proyecto
Keystone XL (cancelado en 2017) con 1900 kilómetros de oleoductos que
permitirían transportar 1.29 millones de barriles de crudo al día desde
Alberta hasta Texas.
Desde que EU eliminó las restricciones a la exportación de petróleo crudo
y gas natural en 2017, las empresas locales lo envían a otros países y a la
vez lo importan desde Canadá en volúmenes cada vez mayores.
En el caso del gas natural, el año representa el 97% de todas las importaciones
mientras el crudo sumó $ 50,000 millones de dólares, según la Oficina del
Censo estadounidense.
Además, el presidente Donald Trump firmó una orden para anular la
decisión tomada por Barack Obama en 2015 que denegó el permiso para
la construcción del ducto por razones ambientales.
Trudeau ha declarado que con la firma que relaja las restricciones de
extracción las clases medias crecerán y mantendrán un “estandar de vida
prolongado” además de la creación de nuevos trabajos y la estabilidad
económica del país ya que son miles de empleos los que dependen de
esta industria sobre todo en Alberta, pero la oposición es insistente: ¿Vale
la pena la destrucción de un hábitat en pos de un desarrollo cuestionado?
