La semana pasada, durante su viaje de dos días a Guatemala y México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue clara con los migrantes centroamericanos: “No vengan”.
Añadió: “Estados Unidos continuará haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestra frontera” y dará prioridad a desalentar la “migración ilegal.”
Sus comentarios recibieron críticas inmediatas de progresistas como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, quien tuiteó que “pedir asilo en cualquier frontera de Estados Unidos es un método de llegada 100% legal.”
Harris había viajado a Guatemala y México para fortalecer los lazos de EU en la región y abordar las “causas fundamentales” de la migración forzada centroamericana. Su plan incluye la inversión del gobierno estadounidense y del sector privado en la región, así como la lucha contra la corrupción rampante.
Sorprendentemente, en sus declaraciones o en los acuerdos alcanzados en los dos países no se menciona ninguna propuesta de reforma de la política de inmigración estadounidense.
Mientras tanto, la migración hacia Estados Unidos se encuentra en un máximo histórico: según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en mayo de 2021 se detuvo a 180,034 personas en la frontera entre Estados Unidos y México; durante el mismo periodo de 2020 solo se detuvo a 23,000, y en 2019, durante un aumento anterior de la migración, hubo 144,000.
ACNUR calcula que actualmente hay al menos 470,000 refugiados y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala en todo el mundo, un aumento del 33% respecto a 2018. Suelen ser desplazados por la “inestabilidad socioeconómica y la pobreza”, la violencia de las pandillas y el cambio climático.
Bernardo Méndez-Lugo, diplomático mexicano retirado con amplia experiencia consular en Estados Unidos y actualmente director ejecutivo de la fundación América Sin Muros, consideró que los comentarios de Harris fueron “poco diplomáticos”, “típicos de la política de Estados Unidos, que podrían ser igualmente republicanos o demócratas.”
Dijo a Latina Republic que se sintió desanimado al escuchar los comentarios de Harris, dado que “gran parte de la crisis y el desplazamiento forzado [de Centroamérica] tiene que ver con las políticas históricas promovidas por Estados Unidos en América Latina”.
Al igual que Méndez-Lugo, Daniela Flores, directora de la organización feminista pro-migrante Las Vanders, dijo a Latina Republic que le parece preocupante que una “mujer negra multirracial sea utilizada como portavoz para hacer el trabajo sucio de la administración del presidente Biden”.
El 7 de junio, la fundación promigrante Americasinmuros que dirige Méndez-Lugo envió una carta a Harris junto con muchas organizaciones de la sociedad civil mexicana, detallando una larga serie de recomendaciones sobre cómo reformar la política migratoria en EE.UU. y México.
La carta destaca que la gran mayoría (97%) de los migrantes que pasan o buscan refugio en México intentan hacerlo de forma legal, pero que “los funcionarios mexicanos no activan las vías regulares debido al temor de que el número de personas que pasan por México pueda aumentar y que la presión del gobierno de EE.UU. siga”.
En consecuencia, rara vez se conceden “documentos humanitarios temporales”, que permitirían a los migrantes atravesar México legalmente.
La carta argumenta que “desafortunadamente, la política migratoria mexicana está subordinada a las necesidades y peticiones de la política estadounidense” – en la práctica, esto significa que los migrantes que bajo la ley mexicana habrían estado migrando legalmente, son forzados a situaciones precarias y a veces “ilegales”.
En otras palabras, los migrantes a los que Harris les dice que no vengan a EE.UU. sólo son ilegales porque las leyes de EE.UU. y México los han designado así a propósito.
La carta insta a Estados Unidos a derogar el Título 42, una normativa de la era Trump puesta en marcha al inicio de la pandemia de Covid-19, que permite explícitamente a Estados Unidos prohibir la entrada de solicitantes de asilo con la excusa de la salud pública, y que ha provocado un número récord de deportaciones.
El gobierno de Biden no ha rescindido esta política. Cuando se le preguntó sobre el título en una conferencia de prensa en Ciudad de México, Harris dijo que ella y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no lo habían discutido.
Flores señala que, si bien “el presidente Biden y la administración demócrata entrante quisieran volver a las Naciones Unidas, reafirmando su compromiso con los derechos humanos, y con las leyes internacionales”, bajo esas mismas leyes internacionales “una persona que migra no está cometiendo un delito”.
Flores tiene razón -según la Convención de Refugiados de 1951, considerada por el ACNUR como ley internacional- “un refugiado no debe ser devuelto a un país en el que se enfrenta a graves amenazas contra su vida o su libertad”.
Flores dijo a República Latina que lo que ella y su organización defienden “no es más que los acuerdos que constituyen el derecho internacional”. Pero esas leyes no se están respetando.
“Creo que como región Mesoamérica debe presionar más a Estados Unidos para asegurarse de que no está dejando todo el peso de retener migrantes en México, que no está cambiando dinero por vida – eso es lo que vimos con MPP [la política de “Permanecer en México”]”, expresó Flores.
Harris dijo en México que, en última instancia, le gustaría que la gente pudiera solicitar asilo desde sus países de origen, pero como argumenta Méndez-Lugo “no hay cola, no hay forma de esperar legalmente para entrar en Estados Unidos” cuando tu vida o tu sustento están amenazados.
Invertir en Centroamérica: ¿repitiendo el mismo viejo paradigma?
Durante una reunión bilateral con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, Harris se comprometió a invertir al menos 88 millones de dólares en Guatemala para “aumentar las oportunidades económicas” y lanzar una “Iniciativa de Empoderamiento de las Mujeres Jóvenes”.
También instó a grandes empresas estadounidenses y multinacionales, como MasterCard y Microsoft, a invertir en toda Centroamérica.
En México, Harris llegó a acuerdos con el presidente Andrés Manuel López Obrador para estabilizar Centroamérica e invertir 130 millones de dólares “para financiar programas que apoyen a los trabajadores, mejoren las condiciones laborales y aborden el trabajo infantil y forzado”.
También destacó el compromiso de Estados Unidos de donar al menos 80 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, incluyendo a Guatemala y México.
Sin embargo, Méndez-Lugo expresó a República Latina su preocupación de que los planes de Harris para abordar las “causas fundamentales” de la migración forzada desde Centroamérica no alcancen sus objetivos:
“No creo que ella esté entendiendo bien que hay que generar un nuevo tipo de desarrollo, otro tipo de presencia regional, más que invitar a las grandes corporaciones”, porque “la respuesta de fortalecer el capital privado estadounidense e internacional como forma de reactivar las economías [centroamericanas], sería reproducir el mismo sistema económico, sin un nuevo paradigma”.
La participación de EE.UU. en Centroamérica tiene una historia compleja y sangrienta – como ha informado The Washington Post, desde los años 60 hasta los 90, durante la Guerra Civil de Guatemala, EE.UU. estuvo estrechamente involucrado en el entrenamiento de las “fuerzas de seguridad” guatemaltecas que “asesinaron a miles de civiles”.
En Honduras, un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos socavó al presidente elegido democráticamente en 2009, y en El Salvador más de 75,000 salvadoreños fueron asesinados durante la década de 1980 en una guerra civil entre revolucionarios de izquierda y un gobierno respaldado por Estados Unidos.
Méndez-Lugo cree que si EE.UU. no reconoce y piensa críticamente sobre su historia neocolonial en la región, sus mejores esfuerzos para invertir en las causas fundamentales siempre se quedarán cortos.
Méndez-Lugo declaró a República Latina que le preocupa el precedente que sientan los “megaproyectos” extranjeros en México y Centroamérica: en toda la región hay ejemplos de inversiones extranjeras que han desplazado a la fuerza a la población local de sus tierras.
Un ejemplo muy conocido es la historia de Berta Cáceres, una activista medioambiental que fue presuntamente asesinada tras protestar por la construcción de una presa hidroeléctrica construida por la empresa internacional Desa.
Méndez-Lugo explica que la inversión estadounidense y extranjera tendría que “cambiar estructuralmente la economía política de esos países y de Estados Unidos, [desde] las políticas de expansión económica a través del libre comercio, y la presencia de grandes corporaciones”.
“Obviamente, como dice Kamala, la gente no quiere alejarse de su lugar de origen. El problema es la forma en que se institucionaliza la violencia, con el cambio climático, la deforestación, la destrucción de los ecosistemas, no sólo con la pobreza extrema”, expresó Méndez-Lugo.
Aunque Flores sigue siendo, al igual que Méndez-Lugo, abiertamente crítica con las propuestas de Harris, sí cree en la necesidad de la inversión extranjera en Centroamérica, bajo las condiciones adecuadas: “Creo que tenemos que hablar más en términos de justicia económica y social”.
La organización de Flores, Las Vanders, opera desde México y Honduras con un objetivo que, en apariencia, es similar al de la administración Biden-Harris: resolver las causas fundamentales de la migración desde sus puntos de origen. Pero su objetivo no es detener la migración: quieren que la gente emigre porque quiere, no porque se vea obligada.
Antes de llegar a Honduras, Las Vanders ayudaban a las mujeres migrantes y a los miembros de la comunidad LGBTQ que pasaban por México, asistiéndolos cuando solicitaban asilo, asegurándose de que tuvieran comida y refugio, y visitando los centros de detención de migrantes. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que no tenían la imagen completa de por qué la gente estaba migrando:
“Hemos visto que la gente migra sin información, con violaciones a sus derechos humanos y en extrema pobreza, pero no entendíamos de dónde venían esos problemas”.
Flores dijo a República Latina que en Honduras “acompañan a personas que han sido desplazadas forzosamente, personas que fueron deportadas o devueltas”. A ella le “interesa trabajar en zonas con altos niveles de violencia y explotar.
Flores dijo que Las Vanders invierte en las comunidades locales capacitándolas para defenderse de las prácticas de explotación, enseñándoles a organizarse y a defender sus propios derechos.
En lugar de invertir económicamente como propone Harris, Las Vanders está interesada en capacitar a las comunidades y economías locales para que sean autosuficientes.
Y ese es el tipo de inversión que Méndez-Lugo cree que también sería positivo: “inversión sostenible con equidad”. Cree que “todas las empresas tendrían que contribuir más al desarrollo económico, la educación y la salud pública en las regiones donde operan”.
Aunque Méndez-Lugo no ve este tipo de desarrollo como algo necesariamente probable para la región, señala el ejemplo del programa del Banco Mundial “Redistribución con Crecimiento” durante los años 70 y 80, que intentó abordar la necesidad de invertir de forma sostenible en los países del “tercer mundo”.
Esta propuesta fue copatrocinado entre Banco Mundial y el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex en Reino Unido.
La visita de Harris a Guatemala y México demuestra la necesidad de cambios integrales y estructurales en la política migratoria y en la forma en que Estados Unidos invierte en Centroamérica – pero al no reconocer el papel de Estados Unidos en la creación de los problemas que la región enfrenta actualmente y al no abordar el legado continuo de las regulaciones de la era Trump, no está claro qué cambios darán resultado.