Gardenia Mendoza
NORTEAMÉRICA.- La Ley Anticorrupción que proponían organizaciones civiles mexicanas iba mucho más allá de obligar a los empresarios que hacen negocios con el gobierno a rendir cuentas. Conocida como 3de3, buscaba hacer obligatorio que los funcionario públicos y aspirantes al gobierno a hacer públicas su declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Una mayoría en el senado se opuso y si bien obligó a que en adelante los funcionarios hagan sus tres declaraciones éstas no serán públicas si un comité no lo quiere.
En cambio agregó algunos artículos (32 B, C y otros) para obligar a todo individuo o empresa que tengan contratos con el gobierno tendrán que presentar sus declaraciones: desde beneficiarios de programas públicos a trabajadores de las compañías como barrenderos, etcétera.
Y fue sólo sobre esto último que el presidente Enrique Peña Nieto hizo observaciones en las últimas horas y la regresó nuevamente al congreso para su discusión (un proceso que popularmente se conoce como veto). La demanda de alrededor de 63,000 ciudadanos que solicitaron la ley 3 de 3 para obligar a hacer públicas las declaraciones de funcionarios quedó así en el olvido.
Enrique Peña Nieto veta el artículo 32 de la Ley 3 de 3 y esto se va a poner peor http://sopit.as/28QE8nU
“Era la gran oportunidad de los políticos en el congreso y del presidente de restablecer la confianza con la ciudadanía”, dijo en entrevista con este diario Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una de las organizaciones que promovieron 3de3.
Algunos analistas políticos como Francisco Garfias criticaron la maniobra del congreso de incluir durante la discusión de la ley la propuesta de que los empresarios rindan cuentas por considerarla una especie de “cortina de humo” a la exigencia de 3de3. “No hace falta mucha imaginación para ver la suspicacia”.
De cualquier modo, Kaiser destaca que hubo logros en la Ley Anticorrupción que volverá al congreso como el hecho de que en adelante habrá una sola ley de responsabilidades administrativas para todo el país, en lugar de 32 como anteriormente operaba. Además se definen claramente los tipos de corrupción.
“Hay grandes logros y el reto en adelante es la implementación de la ley –después de que se hagan las correcciones en el congreso y la publique el ejecutivo- como la creación de los organismos que la harán posible, los nombramientos y perfiles de los funcionarios que la operarán, la reglamentación y las políticas”.