La amenaza arancelaria contra México, alarmó a socios comerciales estadounidenses y provocó rebelión entre senadores republicanos

NORTEAMÉRICA.- Un incómodo arreglo político entre Estados Unidos y México, para reducir el flujo de refugiados centroamericanos, afectó la relación entre ambos socios comerciales y causó preocupación e irritación de gobiernos centroamericanos y grupos pro-inmigrantes.

El 30 de mayo, el presidente Donald Trump lanzó un ultimátum amenazando con imponer tarifas a las importaciones mexicanas. Esta medida comenzaría con cinco por ciento el diez de junio y aumentaría mensualmente hasta llegar a 25 por ciento, si el gobierno de México no interrumpía el flujo de inmigrantes “ilegales”.

La advertencia causó protestas en los dos países, pero:

1. Alarmó a socios comerciales estadounidenses alrededor del mundo, por el uso de herramientas comerciales para presionar en temas no relacionados. Peor aún, confirmó una vez más la tendencia del presidente Trump a actuar sin pensar y dar prioridad a políticas locales sobre conveniencias económicas nacionales.

2. Preocupó a políticos y economistas en Estados Unidos por los efectos negativos domésticos. The Peterson Institute of International Economy estimó que el mayor costo de tarifas a largo plazo sería de 1,500 dólares por familia estadounidense, lo cual podría tener efectos graves sobre el Producto Interno Bruto de México, así como un impacto negativo para la economía americana.

Al mismo tiempo, puso de relieve la integración económica regional al grado que el anuncio de tarifas provocó rebelión de senadores republicanos y la amenaza de un bloqueo legislativo.

Ciertamente la resistencia ocurrió por menor afecto a México o convicción norteamericanista, que por el impacto sobre los estadounidenses y en especial sobre estados importantes para el  esfuerzo político-electoral republicano.

Paralelamente hubo cuestionamientos sobre la oportunidad de lanzar a Estados Unidos un choque comercial con uno de sus mayores socios, al mismo tiempo de estar en medio de una guerra comercial con China, la segunda potencia económica mundial —su principal competidor— y con México y Canadá, uno de sus tres mayores proveedores.

Al margen de lo que diga la política del gobierno estadounidense y su rechazo a recibir refugiados, el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ante una alternativa difícil, pues días antes había presentado un plan de desarrollo integral para el sur de México y el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), en compañía de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

El gobierno mexicano envió con “urgencia” una delegación a Washington, pero durante los primeros cuatro días, sólo pudieron “calentar motores” ante la ausencia de importantes jugadores —a comenzar por el propio Trump, quien se encontraba en Europa para la celebración del 75 aniversario del Día D—. 

EEUU-México: algo para todos, menos los migrantes

Sin embargo, la presión fue creciendo y, para cuando se iniciaron las conversaciones formales el 5 de junio, la delegación estadounidense estaba encabezada por el vicepresidente Mike Pence y, la mexicana, por el canciller Marcelo Ebrard, fortalecido por un papel que prácticamente lo hizo una especie de coordinador del gobierno de Obrador.

A final de cuentas, el ofrecimiento mexicano fue fortalecer sus controles internos, en especial la seguridad de la frontera sur con el despliegue de seis mil hombres de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de policía paramilitar.

La oferta fue convenientemente aceptada luego de que se pusieron plazos para medir el progreso y definir si México quedaría como un primer país de asilo o como un “tercer país seguro”, que lo obligaría a aceptar todos los peticionarios de asilo que aspiran llegar a los Estados Unidos.

Para el 20 de junio, la presencia de policías y militares mexicanos en la riveras del Río Usumacinta, comenzaba a dejarse sentir. Los detalles del arreglo salieron poco a poco y no gustaron del todo ni en Estados Unidos ni en México.

En los países centroamericanos, las reacciones iniciales fueron de rechazo por la falta de consultas, aunque días antes el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, había visitado Guatemala, Honduras y El Salvador para abordar temas de migración y seguridad.

Sin embargo, el tiempo se agota; aún falta ver cuáles de estas decisiones apresuradas son prioritarias para ambos socios comerciales.