Texas se convirtió el miércoles en el estado más grande del país con una ley que prohíbe los abortos, incluso antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.
Incluyó una disposición que la distingue a nivel nacional: esencialmente deja la aplicación de la ley a los particulares, quienes podrán demandar a médicos o cualquier persona que ayude a una mujer a abortar.
La ley promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott pone a Texas en línea con más de una decena de estados que prohíben los abortos después de la detección de un latido fetal, a las seis semanas. La mayoría de los tribunales federales han bloqueado la entrada en vigor de las medidas.
Pero mientras la Corte Suprema estudia esta semana si aborda una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo, a los activistas les preocupa que un fallo favorable al estado pueda sentar las bases para permitir aún más restricciones al aborto.
La versión de Texas es única en Estados Unidos porque prohíbe a los funcionarios estatales hacer cumplir la prohibición.
En cambio, permite a cualquier persona, incluso a alguien fuera de Texas, demandar a un proveedor de servicios de aborto o a cualquier otra persona que haya ayudado a alguien a interrumpir un embarazo después del límite y buscar una compensación económica por daños de hasta 10 mil dólares por acusado.
Los críticos dicen que la disposición permitirá a los grupos que se oponen al aborto inundar los tribunales con demandas a fin de acosar a médicos, pacientes, enfermeras, consejeros de violencia doméstica, algún amigo que haya llevado a una mujer a una clínica para abortar o incluso un padre que haya pagado por un procedimiento de este tipo.
Hasta ahora, la ley de Texas prohibía el aborto después de las 20 semanas, con excepciones para una mujer con una condición médica potencialmente mortífera o si el feto tenía una anomalía grave. Más del 90 por ciento de los abortos tienen lugar en las primeras 13 semanas del embarazo de una mujer, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).
Es probable que la Corte Suprema escuche el caso de Mississippi en el otoño y probablemente emita un fallo hasta la primavera de 2022.