La tragedia de San Antonio Texas del 27 junio en la cual se transportaba en la caja de un tráiler a 67 migrantes, de los cuales 46 estaban muertos y siete de los 16 migrantes encontrados con vida, fallecieron después, con un total de 53 migrantes fallecidos. De estos migrantes, 14 eran de Honduras, siete de Guatemala y dos de El Salvador y el resto de origen mexicano.
Esta tragedia es la más importante en la historia de la migración irregular en Estados Unidos y la cuarta más trágica a nivel internacional después de los casos de Austria (71 migrantes, 2015); Dover, Inglaterra (58 migrantes, 2000), Tailandia (54 migrantes, 2008) y Essex, Inglaterra (39 migrantes, 2019).
El contexto del hecho lamentable se asocia a que por el estado de Texas cruza cerca del 70 % de los migrantes irregulares hacia los Estados Unidos desde hace dos años. En el año fiscal vigente (octubre 2021 a mayo del 2022), fueron detenidos en las fronteras de tal estado a 894, 892 migrantes irregulares de un total de 1, 440, 414 migrantes (CBP, 2022).
Bajo ese marco, el gobernador de Texas Greg Abbott ha politizado el problema migratorio a nivel regional y federal. Es contradictorio el énfasis en el problema y que la policía estatal o fronteriza no haya detenido el tráiler con los 67 migrantes. Es de destacar que los casos de detenciones de tráiler son muy escasos en el estado de Texas. No obstante la política de control migratorio y la creciente politización promovida por el gobernador Abbott desde el año de 2020 y actualmente por su proceso de reelección como gobernador.
Derivado de la tragedia los gobiernos de la región reiteraran la necesidad de detener a los traficantes de migrantes. Es un problema prioritario y forma parte del Pacto Migratorio suscrito en la Novena Cumbre de las Américas del pasado 10 junio 2022 y lo ha sido de otras iniciativas bilaterales o regionales. En particular el acuerdo de la Cumbre enfatiza promover un mayor intercambio de información y cooperación bilateral y regional en materia de contrabando de migrantes y la trata de personas.
Si se pretende evitar este tipo de tragedias en lo sucesivo, es urgente promover una mayor y eficaz responsabilidad de los países de la región, según la agenda concertada del pacto migratorio de la Cumbre de Las Américas. Los incentivos para que el papel de los traficantes disminuya es muy difícil. La mayor parte de los migrantes recurren a los traficantes para el traslado irregular hacia Estados Unidos. Además, según el Banco Mundial los ingresos de los traficantes por producto del apoyo de migrantes mexicanos se estiman en 1,648 millones de dólares y de 2, 153 millones de otras nacionalidades en el año 2021.
En cambio la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que el tráfico de migrantes genera anualmente alrededor de 6,750 millones de dólares. Estos incentivos financieros hacen difícil que el acompañamiento de los traficantes a los migrantes disminuirá en el corto plazo.
Esta tragedia no disminuirá los flujos migratorios irregulares hacia los Estados Unidos. Se mantendrá el sueño americano por los enormes incentivos de seguir emigrando de parte de las poblaciones marginadas del Triángulo Norte y de México hacia Estados Unidos: diferencias salariales, desempleo por efectos de pandemia e inseguridad y que la emigración genera remesas importantes -54 mil millones de dólares en 2021, un aumento del 25 % en comparación al 2020 en el caso mexicano- .
Finalmente la decisión judicial del 30 de junio 2022 de la Corte Suprema estadounidense de que el presidente Biden tiene facultades para suspender el Protocolo de Protección de Migrantes implementado por el entonces presidente Trump, puede interpretarse como una alternativa coyuntural a la tragedia de San Antonio Texas. Es coyuntural porque es mayor la demanda de ingresos irregulares –cerca de 1, millón 440 mil migrantes detenidos desde octubre 2021 a mayo 2022- que la demanda de solicitudes de asilo de los países de la región, que en la mayor parte de los casos fallan en contra de los migrantes.
Con esta decisión judicial se pretende avanzar en un proceso de asilo más ordenado y eficaz, en función de la creciendo demanda de solicitudes de asilo y refugio cerca de 1 millón 500 mil al gobierno estadounidense.