El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló el diseño y la impresión de la papeleta y la plantilla Braille que serán usadas en la consulta popular del 1 agosto próximo, en la que se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no con abrir procesos penales contra los ex presidentes del país.
También se aprobó cuál debe ser la pregunta (recordemos que la pregunta debe ser avalada por la Suprema Corte). Y ya está autorizada y es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Quienes irían a juicio, pues de CSG hasta Peña Nieto, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
En la parte posterior de la papeleta se incorporará la descripción del tema de trascendencia nacional, de conformidad con la ley en la materia.
Las papeletas serán a media hoja carta y será por los distritos electorales que son 300 distritos y no por los 2,517 municipios del país. Cada distrito electoral agrupa a varios municipios.
La autorización de la pregunta es compleja porque debe de incluir al reverso de la papeleta, el cual se presenta con un lenguaje ciudadano y ayudará a las y los ciudadanos a tener claridad acerca del tema por lo que van a opinar”.
En sesión extraordinaria de consejo, expuso que la consulta cumple con “los estándares mínimos” que permitan garantizar este derecho ciudadano, sin sacrificar los parámetros mínimos de certeza que debe cumplir un ejercicio de este tipo.
El consejero Ciro Murayama aseguró que el INE sacará adelante este ejercicio pese a la negativa del Congreso y del gobierno a darle más presupuesto para esta tarea.
A su vez, el consejero Uuc-kib Espadas destacó la importancia de que la consulta se realice con urnas transparentes y no con urnas electrónicas, pues estas “fueron vistas como un elemento de modernidad, pero tienen un elemento de opacidad”.
Las urnas electrónicas para este caso aún no tiene todas las garantías que ofrece el voto migrante por ejemplo.
La consulta sobre un posible juicio a expresidentes ha sido impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la tenía como promesa de campaña
De acuerdo con los lineamientos y el plan integral, la consulta se realizará el 1 de agosto de las 8:00 a 18:00 horas. Para ella, se reutilizarán el padrón electoral y la lista nominal de la contienda federal del 6 de junio y se aplicarán protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.
Además, se convocará a los supervisores, capacitadores y funcionarios de casilla que participen en los comicios del 6 de junio para que también lo hagan en este ejercicio, mientras que las mesas receptoras estarán integradas por cinco funcionarios de casilla: presidente, secretario, escrutador y dos suplentes generales.
La intención de la consulta es someter a investigación y, en su caso, proceso judicial a los últimos cinco expresidentes de México.
El l INE determinó que durante el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 2021, que usará sus tiempos oficiales en radio y televisión que le corresponden para promover la consulta porque no les dieron ni un peso para este ejercicio que será el primero vigilado por el INE.
Previamente el presidente ha impulsado otras consultas, entre ellas, la del aeropuerto de Texcoco y la de la cervecera Constalation Brand en Baja California sin la participación de un árbitro y se armó un tremendo escándalo porque eso es ilegal y las hizo el gobierno con sus propios funcionarios en un ejercicio en el que fue juez y parte y tumbó millones de dólares de inversión a través de un proceso totalmente arbitrario.
Esto de las consultas está muy bien reglamentado justamente porque no se quiere que se juegue chueco por esa vía que el Estado, el gobierno, esté en manos de AMLO o de cualquier otro, haga trampa. Lo primero es que tanto el congreso como la corte deben autorizarlas. Ya hay antecedentes de cuatro consultas que se rechazaron y todo mundo respeto esta decisión.
Durante 2014, el año en que fue aprobada la reforma para incluir este mecanismo en la Constitución, se presentaron cuatro propuestas de consultas populares sobre diferentes temas, pero todas ellas contaron con una característica común: fueron rechazadas por la Corte.
Una de ellas, la presentada por López Obrador y sus seguidores del partido Morena, hoy en el poder, buscaba realizar una consulta de este tipo con la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?”.
La otra fue promovida por el PRD (Partido de la Revolución Democrática). A pesar de referirse al mismo tema, la pregunta era distinta: “¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?”.
También se rechazó una tercera solicitud para realizar una consulta ciudadana, en este caso solicitada por el integrante del PAN (Partido Acción Nacional) Gustavo Madero y otros sobre el salario mínimo.
La pregunta: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?”.
La cuarta consulta ciudadana fue rechazada unas semanas después, en noviembre. Se trató de una solicitud presentada por el PRI (Partido de la Revolución Institucional), que buscaba eliminar una parte de los diputados conocidos como “plurinominales”, que son elegidos por representación proporcional.
La pregunta era la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”.