Ella dice que quiso poner un alto a los grupos criminales como miembro de grupos de autodefensas; las autoriades mexicanas, que se metió a apoyar la guerrilla y a secuestrar; un congresista de Seattle, donde vivía, que se llevó mal el proceso de detención y encarcelamiento y pide, junto con otros activistas, su liberación.
Emigrante oriunda del poblado de Santa Rosa, municipio de Olinalá, Nestora tuvo una vida difícil desde sus primeros años de vida. Se casó a los 13 y a los 18 ya tenía tres niñas que alimentar, pocas posibilidades de empleo y un marido golpeador que la llevó indocumentada a Seattle, donde vivían algunos familiares de él y donde la siguió maltratando.
Ahí tuvo tres empleos durante 10 años. Al principio quería juntar dinero y llevarse a sus hijas que se habían quedado en México y posteriormente siguió con el mismo ritmo de trabajo porque su marido se desentendió poco a poco de la familia.
“Mi mamá nos llevaba a la escuela a las 7:00 de la mañana y después se iba a trabajar desde 8:00 a 4:00 de la tarde en servicios de limpieza y de 5:00 a 01:00 como mesera”, recuerda Saira Rodríguez, la primogénita que hoy vive en Olinalá porque ahí se casó.
Los fines de semana también trabajaba en un club de golf.
En medio de este esfuerzo tenía que lidiar con un marido celoso que le caía a golpes cada vez que tenía oportunidad y hasta que ella lo demandó y el asunto terminó en divorcio y la ciudadanía para ella por ser víctima de violencia doméstica.
Así logró el sueño de vivir con un pie en Seattle para hacer dinero y otro en Guerrero para ayudar a la comunidad sumergida en una eterna pobreza a la que se había sumado la extorsión de grupos criminales.
“Fue una experiencia muy fuerte volver a enfrentarse al país, al desorden, la inseguridad y la corrupción”, cuenta el actual esposo de Nestora, José Luis Ávila- Báez, originario de Jalisco.
Nestora se volvió una pieza clave para hacer frente a la delincuencia organizada y la impunidad que acosaba Olinalá como “comandanta” de la Policía Comunitaria creada en 2012 por los pobladores.
Bajo su mando capturó a 19 presuntos extorsionadores pero algunos de ellos, al amparo de la fiscalía guerrerense, la acusaron de secuestro y así la enviaron a desde el 21 de agosto de 2013.
Sin darle derecho a un abogado, la trasladaron a un penal de alta seguridad en Nayarit (a más de 1,000 kilómetros de distancia). No tenía siquiera una orden de aprehensión.
“El caso de Nestora es un desastre en el debido proceso”, describe Alejandra Gonza, abogada de la Clínica de Derechos Humanos de Universidad de Seattle.
“Durante 10 meses no se le permitió una defensoría -se autorizó hasta que intervino la embajada de Estados Unidos- por lo que hay un proceso judicial con una sola versión de los hechos y sin sentencia durante más de un año”.
Nestora tiene de su lado el apoyo público del diputado norteamericano Adam Smith, algunos legisladores mexicanos así como de organizaciones inmigrantes que el próximo jueves protestarán en los consulados mexicanos en Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Seattle y Portland, Oregón.
La fiscalía de justicia en Guerrero explicó que se le encarceló porque Salgado detuvo a personas en una zona donde los grupos de autodefensas no están permitidos: estos sólo pueden operar en regiones indígenas.